JEP recibió informe sobre violencia contra colectivos LGBT
Se trata del primer informe sobre este tema presentado en el tribunal de justicia transicional.
“Varias veces nos sacaron de espacios con armas de fuego; muchas veces fue mientras hacíamos actividades de integración dentro de la comuna. Nos sacaban porque, según ellos, no éramos dignos de estar en esos espacios”.
Así comienza el testimonio de un miembro de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín, cuyo relato quedó consignado en ‘Lo que perdimos’, un informe que la organización Caribe Afirmativo le entregó este martes a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la violencia contra colectivos LGBT en Antioquia en el marco del conflicto armado.
El informe aborda específicamente los casos de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín y el Colectivo LGBT de San Rafael.
Por medio de su iniciativa ‘Promoviendo la Paz’, Caribe Afirmativo, en compañía de Casa Diversa de la Comuna 8 y el colectivo Crisálida del municipio de San Rafael, adelantó un proceso de documentación de las múltiples violencias para visibilizar los impactos diferenciados contra colectivos LGBT, a partir de los casos ya reconocidos por la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) como sujetos de reparación colectiva.
Así, este informe, el primero sobre violencias contra sujetos colectivos LGBT presentado ante un tribunal de justicia transicional, describe los crímenes de lesa humanidad de persecución por prejuicios relacionados con las orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas de personas que integraban organizaciones con impacto social y político en su territorio.
Una de las principales conclusiones del informe es que se pudo evidenciar que “se trató de violencias utilizadas por parte de la fuerza pública y grupos paramilitares para lograr el control territorial y de la población, así como obtener legitimidad social con la ‘eliminación’ de los colectivos o con la ‘subordinación’ y el control de los cuerpos de sus integrantes. Todo esto como fines estratégicos para lograr ventaja militar en la guerra”.
Esas agresiones fueron cometidas en contextos de ataques sistemáticos contra la población civil, basados en prejuicios sexuales contra las víctimas y en su identidad colectiva. Estos hechos, asegura el informe, contaron con la participación determinante de los presuntos responsables, quienes tuvieron conocimiento de los ataques, y significaron privaciones graves a los derechos fundamentales.
San Rafael
“Acá ni los policías ni el Ejército ni los paramilitares nos querían”, asegura una de las víctimas del colectivo LGBT del municipio de San Rafael, quien también relata: “Nos decían: ‘No queremos pelos largos; queremos que se motilen, que se quiten aretes, que se despinten uñas’ (...) Nos decían: ‘Se pueden ir pa’ las casas. El día que los veamos, ahí mismo los matamos’. La Policía y el Ejército nos metían al calabozo y nos agredían por ser gais o travestirnos… y ya luego los paramilitares mataron a nuestro líder del colectivo y nos desplazamos varios por miedo”.
Según el informe, la población LGBT en San Rafael sufrió detenciones arbitrarias, agresiones físicas, amenazas, desplazamientos forzados, homicidios y sus respectivas tentativas por prejuicios.
Entre 1980 y 1990, por ejemplo, “la fuerza pública (Ejército y Policía Nacional) detenía arbitrariamente a las personas LGBT y las agredía físicamente durante dichas detenciones”.
Y años después, entre 1997 y 2001, los grupos paramilitares, con connivencia de la fuerza pública, ejercieron múltiples violencias (amenazas, desplazamiento forzados, homicidios) contra personas LGBT por considerar que estas “habían ‘transgredido’ un orden social y moral excluyente basado en prejuicios” y por “su pertenencia a un colectivo que promovía la diversidad sexual y de género”, la cual “para los actores armados significaba imaginarios negativos y estereotipos”.
Comuna 8 de Medellín
Una de las víctimas de la Mesa LGBT de la Comuna 8 relata que, en una ocasión, “(los agresores) entraron a uno de los lugares que nos prestaron para los eventos y nos agredieron. A un compañero lo golpearon mucho”.
Y añade: “Una de nuestras formas de protección era mantenernos juntos, casi unos 30, porque cuando estábamos solos ocurrieron ataques con piedras o bolsas con orines. Nos amenazaron y desplazaron a 3 de nuestros líderes de la Mesa LGBT. Hoy ya muchos no han vuelto a la comuna ni al proceso por miedo a que vuelva a ocurrir”.
En efecto, el informe da cuenta de cómo las personas LGBT de la Comuna 8 de Medellín sufrieron amenazas, desplazamientos forzados, violencias sexuales, homicidios, feminicidios y sus tentativas por prejuicios relacionados con sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
Según Caribe Afirmativo, entre 1997 y 2008, “grupos paramilitares, con connivencia de la fuerza pública, cometieron estas formas de violencia por prejuicio gozando de impunidad”. Sin embargo, aclara, “entre 2007 y 2014, a partir de la creación de la Mesa LGBT, estas formas de violencia empezaron a estar dirigidas contra sus integrantes”.
Esto último, dice, se debió, por un lado, a la orientaciones sexual, identidades y expresiones de género reales o percibidas de quienes integraban el colectivo. Y por otro, al “alto impacto social y político que estaba adquiriendo la Mesa LGBT, que le permitía apropiarse del espacio público y disputarse el poder político desde la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos”.
Una de nuestras formas de protección era mantenernos juntos, casi unos 30, porque cuando estábamos solos ocurrieron ataques con piedras o bolsas con orines
Una herramienta para la verdad
Desde Caribe Afirmativo manifiestan que, con este informe, se “busca resaltar las dinámicas diferenciadas en el marco del conflicto armado cometidas contra colectivos que simbolizaban la participación ciudadana, la defensa de los derechos humanos, la apropiación territorial y la disputa política desde la resistencia y los cuerpos de personas LGBT”.
Durante la presentación virtual de este martes, la magistrada Reinere Jaramillo resaltó que “este informe se convierte en una herramienta muy importante de verdad”. Y agregó que la labor de las organizaciones está “activando la memoria en un país en el que aún persiste la violencia”.
A su turno, la procuradora judicial Heidi Abuchaibe señaló que “este informe ayudará a determinar las responsabilidades de quienes actuaron de manera deliberada contra la población LGBTI. También nos permite honrar la centralidad de las víctimas, que es tan importante en estos procesos en la justicia transicional”.
A la fecha, son tres los informes presentados por Caribe Afirmativo ante la JEP. Dos informes presentados al caso No. 004 (Situación territorial de la región de Urabá), sobre violencias contra personas LGBT en la subregión de Urabá, y un informe sobre violencias contra personas LGBT en la subregión de Montes de María.
15 de septiembre 2020
En el conflicto armado, las personas LGBT fueron víctimas de violencia en razón de sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
— Caribe Afirmativo (@Caribeafirmativ) September 16, 2020
🏳️🌈Conoce más en el informe: ¡#NosotrasResistimos! en el mes de su aniversario:
Disponible en: https://t.co/VaUHClZWo0 pic.twitter.com/ucJ4iQb5nP
Este martes, la JEP recibió virtualmente el informe “Lo que perdimos. Informe sobre violencias en el marco del conflicto armado contra sujetos colectivos LGBT en Antioquia: casos de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín y del Colectivo LGBT de San Rafael”🏳️🌈#ParticipaEnLaJEP pic.twitter.com/EtaDc5afY9
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 15, 2020
Informes entregados a la JEP denuncia que la violencia sexual contra la población LGTB fue un arma de guerra.
Por primera vez en el mundo, un tribunal de justicia recibe informes sobre casos de violencia contra personas LGTB ocurrida dentro de un conflicto armado. Esto ocurrió este viernes 29 de marzo: las organizaciones Colombia Diversa y Caribe Afirmativo entregaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dos informes sobre crímenes de persecución contra las personas LGBT por parte de las FARC-EP y grupos paramilitares en el Urabá antioqueño y en Tumaco, Nariño.
El evento contó con la participación de víctimas de estas dos zonas de Colombia, quiénes en medio de máscaras, velas, flores, cantos y un ritual que evocaba un velorio, homenajearon a sus amigos y amigas, quienes perdieron la vida en el marco del conflicto armado. Esta también fue la oportunidad para demostrar su confianza en la JEP. “Yo estuve en el Habana y no permitiré que nos hagan conejo con el Acuerdo de Paz. Quiero que mi caso esté aquí y no en la justicia ordinaria”, afirmó una de las víctimas.
Los informes presentados cuentan cómo esta población fue objeto de múltiples hechos victimizantes a lo largo de sus vidas, como tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura, desplazamiento forzado, amenazas, trabajo forzado y homicidio/feminicidio. Sin embargo, los informes dan cuenta principalmente de casos de violencia sexual que, según las investigadoras del informe, fue una de las principales estrategias para perseguir a las personas en razón de sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
Las magistradas de la Sala de reconocimiento, Belkis Izquierdo y Nadiezhda Enríquez, y Reinere Jaramillo, de la Comisión de Género de la JEP, agradecieron a las víctimas su valentía para contar lo que tuvieron que vivir en medio del conflicto y se comprometieron a abordar sus casos con una lupa feminista, étnica y territorial, que permita restaurar los daños sufridos. “Este informe es muy importante porque visibiliza victimizaciones de poblaciones que siempre han estado excluidas”, resaltó Belkis Izquierdo.
Estos informes se entregaron en el marco del Caso 002, que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño; y el Caso 004 que prioriza la situación humanitaria en Urabá, específicamente en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó).
A la fecha, la Sala de Reconocimiento ha recibido 18 informes relacionados con violencia sexual. Esta instancia resolvió que, en este caso, la entrega se diera en un evento de carácter reservado a solicitud de las víctimas, quienes manifestaron tener problemas de seguridad.
Comunicado JEP.gov.co
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