Las negociaciones del Gobierno y las Farc lograron ponerse de acuerdo en otro de los aspectos que forman parte del fin del conflicto: crear condiciones para que mujeres y personas con identidad sexual diversa accedan con las mismas oportunidades a los beneficios de vivir en un país en paz.
"Se trata de establecer medidas para garantizar que se superen las brechas sociales tradicionales que han marcado a la sociedad colombiana como desigual y estigmatizante", manifestó la negociadora del Gobierno, María Paulina Riveros.
En medio de los avances de las negociaciones y así como la Subcomisión técnica del fin del conflicto entregó sus recomendaciones a los negociadores plenipotenciarios, la Subcomisión de Género hizo lo mismo en la revisión de los acuerdos sobre la reforma rural, la participación política y el de cultivos ilícitos, para que las mujeres y personas pertenecientes a LGTB, tuvieran una participación en condiciones de igualdad en relación con los hombres.
Las partes acordaron que el acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones; garantía de los derechos económicos, sociales y culturales; promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación; medidas de prevención y protección; acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición; reconocimiento público, no estigmatización y difusión de su labor como sujetas políticas; gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y movimientos LGTBI, son los ocho ejes temáticos que incluye el enfoque de género.
Fundamentalmente se establece que debido a que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la economía, pero no están en igualdad de condiciones que los hombres, tendrán acceso especial al fondo de tierras, al subsidio y al crédito especial para la compra de tierras.
Se contempla asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia. Así como el acceso a becas con créditos condonables e incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales.
En el acuerdo de participación política, no sólo se estableció una campaña de cedulación masiva en zonas marginadas y zonas rurales, sino que también se señaló como será la protección especializada, individual, colectiva e integral para quienes sean elegidas en cargos públicos, y para las defensoras de derechos humanos y lideresas sociales.
El evento contó con la participación de Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora de ONU Mujeres; Zainab Bangura, representante de Naciones Unidas para la violencia sexual en los conflictos armados; Luiza Carvalho, directora para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres; Belén Sanz, representante de la Onu Mujeres en Colombia, y María Emma Mejía, embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, entre otras.
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