MÁS ALLÁ DEL “RESPETO A LA INTIMIDAD”
Mientras Duque habla del respeto a los derechos patrimoniales y civiles, Petro sí está de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo. De las condiciones, la exclusión y discriminación de esta comunidad nada se ha dicho.
Un video divulgado por el expresidente y senador Álvaro Uribe en Twitter, en el que se le ve acompañado de varias personas de la comunidad LGBT, a quienes llama “no heterosexuales”, y se refiere al apoyo de estas al candidato Iván Duque, del Centro Democrático, prendió el debate en las redes sociales. El exmandatario agradece el respaldo y hace énfasis en el respeto a la intimidad y la jurisprudencia en cuanto a temas de adopción, aborto y matrimonio igualitario, además de rechazar las amenazas y agresiones contra dicha comunidad y contra cualquier colombiano. Si bien la polémica se armó alrededor de la utilización del término “no heterosexual”, que el mismo Uribe explicó que había sido acuñado por quienes lo acompañaron en la declaración, la coyuntura da para mirar las posturas de quienes se disputan la jefatura del Estado, Duque y Gustavo Petro, frente a las personas LGBT.
Sobre colombianos no heterosexuales que apoyan a Iván Duque Pte y a Marta Lucía Ramírez VicePte pic.twitter.com/oD8ThNq99U— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 31 de mayo de 2018
Sobre todo porque bajo las toldas de la campaña uribista se arropan también dirigentes y partidos políticos cristianos que claramente han fijado posiciones que de una u otra manera van en contra de los derechos de dicha comunidad. Es el caso, por ejemplo, de Alejandro Ordóñez y Viviane Morales. El Centro Democrático fue la única bancada que apoyó en su totalidad en el Congreso el proyecto de la exfiscal que buscaba convocar a un referendo contra la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. A su vez, el exprocurador llegó a ordenar la creación de una base de datos de las parejas homosexuales que habían solicitado casarse. La Corte Constitucional protegió los derechos de una pareja demandante y le hizo un fuerte llamado de atención a Ordóñez.
Por otra parte, todos ellos —Ordóñez, Morales y los cristianos— unieron fuerzas en torno al tema de la llamada “ideología de género” y el No en el plebiscito de octubre de 2016 para la refrendación de los acuerdos de paz. De hecho, la movilización contra las supuestas cartillas de educación sexual del Ministerio de Educación fue un punto de su estrategia. Como se sabe, el mismo Uribe apoyó y promovió la marcha del 10 de agosto de ese año, con declaraciones como que “decir que no se nace mujer u hombre sino que eso lo define ‘la sociedad’ es un abuso a los menores, un irrespeto a la naturaleza y a la familia”. Y es por esto que no falta quien ahora quiera atacar a Duque por estos apoyos, recordándole que en el pasado llegó a trinar a favor de la unión de parejas del mismo sexo.
La pregunta que se plantea hoy es si los dos candidatos, tanto Duque como Petro, van a acatar o no los fallos de la Corte Constitucional que protegen los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans. Como se sabe, hace dos años el alto tribunal emitió un fallo histórico en la materia al reconocer que las parejas del mismo sexo tenían derecho a celebrar su amor por medio del matrimonio, como las heterosexuales. Y el artículo 188 de la Constitución define las funciones del presidente, quien “simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. A su vez, el artículo 189 señala que su función es ser la máxima autoridad administrativa y debe hacer cumplir las leyes, incluidas las modificaciones de la Corte Constitucional.
Es decir, si el nuevo gobierno quiere negar derechos de parejas del mismo sexo, iría en contra de la Carta Política y, por lo tanto, cualquier modificación al respecto tendría que buscarla vía proyecto de acto legislativo o referendo, como el de Viviane Morales. En la campaña presidencial de la primera vuelta, los temas referentes a la comunidad LGBT no fueron prioritarios en la agenda y fueron abordados pocas veces.
En un debate realizado en Medellín a comienzos de abril, se les preguntó a los candidatos si estaban de acuerdo con el matrimonio por parte de parejas del mismo sexo. Duque respondió: “Yo estoy de acuerdo con la igualdad de derechos patrimoniales y civiles”. Y Petro dijo: “Sí, y con una prioridad: las familias que son encabezadas por la mujer. El 47 % de los hogares en Medellín están encabezados exclusivamente por mujeres”.
Ayer, ante la discusión en redes por el término “no heterosexual” utilizado por Uribe, Duque expresó: “Siempre he tenido un gran respeto por la comunidad LGBT en todo el país y celebro que haya personas que nos estén respaldando. Este viernes hubo un pronunciamiento además del alcalde del municipio de Toro, Valle (Julián Bedoya, elegido por el Centro Democrático y quien reconoce abiertamente su orientación como homosexual), que expresó que el partido nuestro le ha dado todas las garantías, que se ha sentido respaldado y jamás estigmatizado. Creo que el mensaje que tenemos que darles a todos los ciudadanos es el respeto a la intimidad, a todas las minorías, y espero ser un presidente que gobierne para todos los colombianos”.
Previamente, Petro ha hablado de que en un eventual gobierno suyo habrá garantías plenas para la población LGBT, “con prioridad a las personas en condición de pobreza y especial atención a la protección contra la violencia y la discriminación”, y que “se brindará protección y ampliación de los derechos de las parejas homosexuales, en especial en materia de seguridad social, derechos patrimoniales y adopción”.
Sin embargo, voceros de organizaciones de defensa de los derechos LGBT, pidiendo la reserva de su identidad, advierten que el temor es el papel que podrían tener aliados como Alejandro Ordóñez y Viviane Morales en un gobierno de Duque: “Las fuerzas políticas de derecha crearon una alianza y podrían terminar obstaculizando las garantías de derechos. Ahora, con oportunismo, intentan buscar a los votantes gais priorizándoles sus intereses personales. El discurso de respeto a la intimidad no es igual a respetar los derechos”, señaló una fuente de la comunidad.
Con un último punto para tener en cuenta: la agenda LGBT va más allá del respeto a sus derechos y también pasa por temas de seguridad y respeto a la vida. Un estudio de Colombia Diversa señala que entre 2013 y 2016 fueron asesinadas 440 personas, hubo 365 hechos de violencia policial y 151 amenazas, de las cuales 54 habrían sido perpetrados por grupos paramilitares. La expectativa de vida de las personas trans es de 30 a 35 años en Latinoamérica, según la CIDH, y las condiciones de exclusión y pobreza son más acentuadas en esta comunidad.
1 Jun 2018
https://www.elespectador.com
-Redacción Política
Las personas LGBT como comodín político
El debate sobre los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) aterrizó de manera extraña e inesperada en la contienda por la Presidencia. Un video publicado por el expresidente y senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, recordó las fuertes tensiones que hay en la sociedad colombiana y los discursos engañosos que varios sectores de la derecha política han adoptado para enmascarar lo que, en la práctica, es complicidad con la discriminación.
La noticia que capturó la atención nacional fue que el expresidente dijo en Twitter que recibió “una carta de población no heterosexual”. Aunque después explicó que eligió esa curiosa combinación de palabras por petición de los ciudadanos que le enviaron la comunicación, autodenominados “no heterosexuales”, un líder de la talla y significancia del expresidente Uribe no puede ser ajeno a la importancia de los simbolismos. Cada una de las palabras que conforman la sigla LGBT da cuenta de una lucha histórica por reclamar identidades prohibidas, que no se construyen a partir de la oposición a lo que no se es (¿acaso a las personas afros se les diría “no blancos” o a las mujeres “no hombres”?), sino que llaman la atención sobre cuerpos que existen y que no han sido reconocidos por los discursos con los que hemos construido nuestra sociedad.
Aquello que no se nombra no existe. El respeto empieza por utilizar las palabras adecuadas.
Pero ese no es el debate más importante. En su intervención, Uribe, tal vez el rostro más visible de la agenda política de la derecha colombiana, habla de que se compromete a “respetar la intimidad” y considera que “las diferencias en temas de adopción, matrimonio (...) deben respetar la jurisprudencia, la ley y la objeción de conciencia”.
Detrás de esas palabras se encuentra la enorme batalla que se está dando en Colombia entre agrupaciones religiosas y los defensores de la Constitución y los derechos de las minorías.
Hablar de “objeción de conciencia” en temas que involucran a parejas del mismo sexo es defender la idea de que alguien puede negarse a cumplir los mandatos de la Corte Constitucional por motivos discriminatorios. Varios proyectos de ley fallidos, pero que siguen entre las intenciones de los líderes políticos que representan grupos religiosos, han intentado crear reglamentaciones que permitirían, por ejemplo, que un notario se niegue a realizar un matrimonio porque considera que los ciudadanos con orientaciones sexuales diversas son antinaturales.
En la práctica, eso significa que les exigiríamos a las personas LGBT pedir permiso para existir y ejercer sus derechos. Esta es la discriminación enmascarada en los discursos conciliadores.
No puede olvidarse que hace apenas 37 años ser homosexual era un delito. Desde la Constitución de 1991, las personas LGBT han tenido que dar luchas incansables y plagadas de obstáculos para obtener reconocimientos básicos. Pero todavía falta mucho camino por andar. Las personas trans tienen una expectativa de vida media de 35 años, en Colombia se siguen reportando asesinatos motivados por odio a las orientaciones sexuales diversas, y la población LGBT sigue siendo un caballito de batalla electoral que ha servido para triunfos ultraconservadores y ha saboteado elecciones como la del plebiscito por la paz, así como obstaculizado la implementación de políticas públicas que den el apoyo necesario para esta población.
Por eso, cada vez que se nombran en elecciones hay que tener mucho cuidado. No es democrático hacer campaña con los derechos humanos de las minorías, ni pretender llegar a un punto medio como la objeción de conciencia, que sólo da excusas para normalizar la discriminación.
Editorial
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