Colombia, a proteger a los LGBTI...Se alista Decreto de Política Pública Nacional LGBTI

Colombia, a proteger a los LGBTI

El gobierno alista un revolucionario decreto para garantizar los derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales y transgeneristas. Esta es su radiografía.

La semana que comienza será crucial para definir hasta dónde llega la institucionalidad para defender los derechos de los millones de colombianos integrantes de la comunidad LGBTI. De la Corte Constitucional podría salir un fallo definitivo para legitimar el matrimonio igualitario, en respuesta a una tutela que el procurador Alejandro Ordóñez presentó el año pasado en busca de anular más de 40 matrimonios ya formalizados, y de limitar la realización de otros nuevos.

Además del fallo de la corte, otra noticia cambiará la manera como el Estado asume el compromiso igualitario con esta comunidad. Será el decreto de política pública que reúne la jurisprudencia relacionada con gais, lesbianas, bisexuales y transgeneristas. En el documento vienen trabajando desde hace más de un año el ministro del Interior, el consejero para los Derechos Humanos y un grupo de asesores en cabeza de la politóloga Laura Gil. Solo falta el último visto bueno de los activistas antes de su expedición, que será dado a finales de febrero.

SEMANA conoció en exclusiva el borrador de este decreto, que pone el acento sobre entidades como el Ministerio de Trabajo, el de Educación, el ICBF, la Superintendencia de Salud, la Procuraduría y el Inpec, para que, además de promover la igualdad, actúen como garantes de que ninguna persona sea excluida por razones relacionadas con su orientación sexual. Casos como el de Sergio Urrego, el estudiante de 16 años que se lanzó de la terraza de un centro comercial de Bogotá, deprimido porque lo discriminaban algunos profesores de su colegio; o el de la reclusión de los presos LGBTI en patios especiales para ellos y enfermos de VIH en 20 cárceles del país son situaciones que según el borrador de decreto, “se basan en prejuicios que no permiten reconocer a estas personas como sujetos de derecho, y llevan a la exclusión social de las mismas en los ámbitos cultural, económico, político y social”.

El decreto incide en que las entidades realicen transformaciones misionales e institucionales. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, al ordenarle generar pautas de inclusión en los manuales de convivencia de colegios y universidades; o en el caso de la Superintendencia de Salud, proponer criterios diferenciales para tramitar quejas por la atención de centros hospitalarios a los LGBTI. Además, el decreto se articula con la definición de los acuerdos de paz de La Habana, al garantizar que las víctimas del conflicto armado que hagan parte de la comunidad reciban una atención diferencial.

Esta nueva política pública implica también un compromiso específico de la Procuraduría con la defensa de los derechos de los gais, pues incluye a esta entidad en la Comisión Intersectorial que crea para garantizarlos. Esto, sin duda, le caerá como un baldado de agua fría a Ordóñez, para quien atacar las causas igualitarias ha sido una de sus grandes obsesiones. Pero el procurador no está en un buen momento y todo parece indicar que con el fallo de la corte sobre el matrimonio y la firma de esta política pública, Colombia podría consolidarse como líder en América Latina –junto con México, Uruguay y Brasil– en el trabajo de construir una normatividad incluyente.

Tomado de Revista SEMANA


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