Este martes empezó la Asamblea General de la OEA, y el Estado colombiano asumió una postura que, según analistas, amenaza, a través de modificaciones a una resolución, los derechos de las mujeres y de la población LGBTI.
La Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó este martes una Asamblea General de dos días en la que se votarán proyectos de resolución sobre temas coyunturales, como la situación de Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, esos no son los únicos temas importantes. La asamblea firmará también una resolución de derechos humanos, que es trascendental para el sistema interamericano de derechos humanos porque se convierte en la hoja de ruta durante un año. Los esfuerzos del sistema se vuelcan, entonces, a fortalecer esos componentes, entre los que se ha incluido en los últimos años a la población LGBTI.
Así por ejemplo, a través de las resoluciones de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos ha generado una unidad LGBTI, que después se convirtió en una relatoría en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también se han emitido informes sobre discriminación. La región conoce hoy el panorama de exclusión y transgresión de derechos de la población LGBTI gracias a estos balances. Por lo tanto, esto ha sido clave para la protección de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex en la región, ante la ausencia de protección por parte de los Estados. El solo hecho de contar con una radiografía de la discriminación es un avance en medio de subregistros y cifras poco confiables en las instituciones de los países.
En el sistema interamericano, por ejemplo, se han producido decisiones trascendentales como el perdón que el Estado de Colombia le pidió a una mujer lesbiana por hacerle la vida trizas en la cárcel (VER AQUÍ); el histórico fallo sobre el caso de la jueza Atala Riffo (VER AQUÍ), discriminada en un proceso de custodia de sus hijas por ser lesbiana; y el de Azul, mujer trans torturada y violada por las autoridades en Perú (VER AQUÍ). Entonces, no es un tema menor lo que por estos días se discute en la cita de la OEA, en la que participan 34 países y que se celebra de forma virtual debido a la emergencia generar por la Covid-19. El sistema interamericano ha sido protagonista en la protección de los derechos de las personas LGBTI y en la emisión alertas a los Estados que no cumplen con su tarea.
Y esto es lo que, según analistas, está en riesgo durante esta Asamblea de la OEA por cuenta de unas modificaciones que el Estado de Colombia propuso hacer a la resolución de derechos humanos, a través del lenguaje empleado. Así, por ejemplo, pidió incluir el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. Este punto es problemático dado los antecedentes de falsas noticias y desinformación que se difundió en contra del Ministerio de Educación en Colombia hace unos años, cuando se propuso educar sobre sexualidad a través de unas cartillas. Los grupos antiderechos usaron esta labor para decir equívocadamente que el gobierno quería imponer la inexistente una “ideología de género”, cuando en realidad se proponía educar sobre diversidad sexual y propender espacios seguros y libres de discriminación en las escuelas.
Eso corresponde, de acuerdo con expertos, a un intento de los grupos religiosos anti derechos de mujeres y de personas LGBTI de incluir la defensa de la libertad religiosa en términos absolutos, desconociendo los avances y el reconocimiento de derechos de mujeres y LGBTI. Un intento que también se hizo y se frustó el año pasado. “Colombia nunca ha sido en la OEA el país más progresista, pero tampoco el más conservador. Pero ahora estamos viendo cómo lidera la postura conservadora en la asamblea, incluso por encima de países como Brasil, que tiene un presidente del talante conservador como Bolsonaro”, afirmó una de las fuentes consultadas y que prefirió no ser mencionada.
La canciller de Colombia, Claudia Blum. / Ministerio de Relaciones Exteriores
Otra de las modificaciones propuestas por Colombia que generaron temor entre los defensores de derechos humanos hizo enfásis en que los derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencia y la libertad de expresión pudieran desempeñarse en la lucha contra todas las formas de intolerancia, violencia y discriminación de todo tipo, “incluso cuando estas van dirigidas a creyentes religiosos por su fe”, añadió el Estado colombiano a este aparte.
Pero el cambio que más alertó fue el de eliminar el término “enfoque interseccional” en algunos de los párrafos que dan pautas de cómo debe trabajar la Comisión Interamericana de Mujeres y cómo debe promover los derechos de las mujeres y las niñas. Colombia propone hablar de “discriminación basada en género”, en vez de hablar de enfoque interseccional, lo que desconocería, por ejemplo, la existencia de mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres bisexuales, incluso mujeres afro y lesbianas y mujeres indígenas o con discapacidad. En conclusión, podría leerse que el Estado colombiano negaría la diversidad en las mujeres e impondría solo una forma de “ser mujer” (cisgénero y heterosexual).
“Lo más grave es esta idea de quitar la interseccionalidad. Colombia se opone a usar el término. Al hablar de interseccionalidad se reconoce que la mujer se entrecruza con un sinnúmero de otras discriminaciones. La discriminación por género se cruza con la discriminación por raza, por discapacidad, por orientación sexual o expresión de género. La mujer no es monolítica, sino diversa, y al hablar de interseccionalidad lo que estamos hablando es que la combinación de estos factores producen varios sistemas de discriminación que se entrecruzan. Al no hablar de interseccionalidad, se deja de lado eso”, dice a El Espectador Marcelo Ernesto Ferreyra, coordinador para América Latina y el Caribe de Synergia -Iniciativa por los Derechos Humanos.
“Más verguenzas internacionales de Colombia. En Asamblea de la OEA, la Cancillería se opuso a incluir la no discriminación y el interés superior de los niños en la resolución de libertad religiosa. Y en la resolución de mujeres se opone al reconocimiento de las diversidades”, añadió la representante a la Cámara Juanita Goebertus en un trino. En la misma línea, Juan Felipe Rivera, abogado de Litigio Constitucional y DD.HH de Colombia Diversa, aseguró a este diario: "El Presidente de la República prometió en campaña presidencial que no habría retrocesos en materia de derechos de la población LGBTI durante su gobierno. Entonces no entendemos si lo que estamos viendo ante la OEA son apuestas del Gobierno, de la Cancillería o del Embajador Ordoñez. Nos parece preocupante que el Gobierno hable de derechos acá, mientras los intenta socavar en la OEA.
María Adelaida Palacio, gerenta de Sisma Mujer, reiteró en el mismo sentido que el gobierno de Iván Duque “desconoce las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en especial, las derivadas de la Convención Americana y la Convención de Belem do Pará. La posición del embajador Ordoñez y la Cancillería buscan hacer invisible el hecho de que las mujeres y las niñas somos distintas y tenemos necesidades específicas dependiendo de la edad, raza, etnia, identidades de género y clase. Hacer lobby en la OEA para eliminar la interseccionalidad no tiene otro fin que un retroceso en la garantía y protección de nuestros derechos, especialmente, de las mujeres y niñas más vulnerables. El presidente, la cancillería y el embajador deben explicar por qué pretenden ante la OEA que las mujeres y las niñas seamos ciudadanas de segunda categoría”.
Por su parte, Dayana Blanco, directora general de Ilex Acción Jurídica, explicó a El Espectador que la garantía real de los derechos de las mujeres requiere de un análisis y acción interseccional que visibilice y reduzca los efectos perversos del racismo, el sexismo y la marginación social en esta población. “Las recientes demandas sociales en temas de paz, defensa del territorio y acceso integral a salud, concluyen que la perspectiva de género se queda corta al momento de identificar las violencias que sufren las mujeres rurales, lesbianas o las mujeres trans negras en Colombia. Es deber de la Misión Permanente promover y salvaguardar los intereses del país y de sus nacionales ante los demás Estados, Organismos, Conferencias Internacionales y la Comunidad Internacional, las mujeres negras y diversas también somos nacionales de este país y es deber de nuestros representantes en la OEA garantizar que nuestras demandas, así como las violencias que nos afectan sean dimensionadas en su totalidad en estos espacios”.
Este apoyo del Estado colombiano a los grupos religiosos va en la misma línea de un evento promovido por la Cancillería de Colombia que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre titulado “Foro Hemisférico de libertad religiosa y de creencias”, en el que el Estado reitera su compromiso por defender las expresiones religiosas y los sitios de culto. En el evento se anuncian conferencias sobre las “amenazas del extremismo contra las minorías religiosas” y “la mujer en las comunidades de fe”.
Este miércoles se decidirá en la Asamblea de la OEA qué texto se aprueba en la resolución de derechos humanos y si las modificaciones propuestas por Colombia son finalmente descartadas o incluidas, pues este martes no tuvieron mucha acogida.
Frente a las críticas de diferentes sectores, la Cancillería dijo en un comunicado que Colombia respeta el derecho a la libertad de conciencia y religión previsto en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales. Y que “la actuación de Colombia en las negociaciones de resoluciones jamás ha estado dirigida a promover la discriminación o atentar en contra de intereses de niños o mujeres en la región”. Sin embargo, no menciona a las personas LGBTI.
Tomado de El Espectador
Redacción Sin Clóset
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