Las vidas de mujeres lesbianas, hombres gay, personas bisexuales, mujeres transgénero, hombres transgénero, así como de personas con expresiones de género diversas, siguen estando expuestas a múltiples formas de violencia por prejuicio en Colombia, limitando su acceso a derechos fundamentales como la educación, salud, trabajo, libre expresión y a llevar una vida libre de violencias.
Hoy, cuando se conmemora el ‘Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia’, la Defensoría del Pueblo reitera que es urgente implementar acciones integrales de prevención, educación y respeto de los derechos de las personas LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales), que permitan transformar las estructuras de la violencia y generar una cultura que respete la diversidad, como valor necesario de la democracia.
Los más recientes casos se dieron con la aplicación de la medida ‘pico y género’ en Bogotá, Valle de Cauca y Cartagena, en donde se puso en evidencia la reproducción de estereotipos y de discriminación en razón al sexo, la identidad y la expresión de género.
Pero son constantes los casos de violencia basada en género, como se evidenció en alertas tempranas sobre personas transgénero en Magdalena y Bogotá, en las que se concluyó que el ejercicio de la prostitución como posibilidad de trabajo informal en estas poblaciones implica un alto riesgo para su seguridad y su salud, sin que puedan tener un mínimo vital y mucho menos vivienda. Esto permite que la violencia de género se agudice, sin que haya denuncias por temor a retaliaciones.
En otra alerta temprana también se denunció la llegada de migrantes y refugiadas de Venezuela a municipios como Maicao (La Guajira), en donde hay grupos grandes de mujeres trans en ejercicio de prostitución, viviendo en situación de calle y hombres gay en déficit en atención de derechos. Incluso personas con VIH sin acceso a servicios de salud.
En el 2019, las Duplas de Género de la Entidad acompañaron a 227 víctimas de hechos de violencia en todo el país. Por ejemplo, en Cauca y Quindío, donde hubo desescolarización por relaciones afectivas en razón a la orientación sexual, vulneración de derechos a estudiantes transgénero por no presentar cambio de nombre en sus documentos, negación de matrícula y participación en ceremonias de grado por no portar el uniforme de acuerdo al sexo asignado y hasta casos de acusación en contra de madres de personas transgénero ante ICBF porque “según los colegios” ellas infunden comportamientos inmorales.
O en Santander, Quindío y Valle del Cauca, donde hubo discriminación en razón a la orientación sexual e identidad de género el ámbito laboral, despidos injustificados cuando se inician procesos de tránsito de género; incitación a que estudiantes de una Universidad en Quindío presentaran quejas sobre el comportamiento de una docente transgénero y amenazas con divulgar la orientación sexual en el trabajo.
Y siguen las barreras para tratamientos hormonales y reafirmación sexual, teniendo que acudir siempre a la tutela como mecanismo para recibir atención integral y la exposición a violencia institucional.
En la Defensoría del Pueblo estamos convencidos de que el respeto a los derechos de esta población es fundamental para la paz en Colombia. Será su capacidad, liderazgo, movilización y especial protección, la que nos permitirá construir caminos donde se celebre la diversidad.
Bogotá, 17 de mayo de 2020.
0 comentarios :
Publicar un comentario