"Paula Torres no tenía motivos para suicidarse" Dicen sus padres, tras su muerte, bajo custodia policial
La joven fue detenida y trasladada a una UPJ. De allí la llevaron rumbo al hospital San José, a donde llegó muerta. La Policía dice que ella se quitó la vida. La familia no cree las explicaciones de los uniformados.
Alejandro Torres y su esposa, Ana Llanos, perdieron la tranquilidad desde que la noche del sábado 5 de diciembre, cuando recibieron una llamada de su hija Paula Torres, que alterada les contó que dos policías la estaban golpeando y arrastrando en la calle. Lo siguiente que supieron, luego de salir a buscarla, fue que primero la llevaron a la UPJ de Puente Aranda y que de allí la llevaron sin vida al hospital San José. Las versiones de lo que ocurrió, desde la última vez que la vieron con vida hasta el momento de su muerte, son confusas y por eso piden justicia.
Paula era una joven transgénero de 28 años, que desde los 20 les habló a sus padres de su orientación sexual. Desde entonces se cortó el cabello, empezó a vestir ropa ancha y dentro de la comunidad LGTBI la conocían como Carlitos. A pesar de su orientación, ella no se había hecho ningún tratamiento hormonal e, incluso, su cédula conservaba su identidad inicial: Paula Alejandra Torres Cabrera, de sexo femenino.
La versión que da la Policía sobre la muerte de esta joven señala que ella entró a la UPJ de Puente Aranda a las 9:50 p.m., de donde salió a las 10:10 p.m. rumbo al hospital San José, donde murió 10 minutos después. Según la explicación del general Humberto Guatibonza, director de la Policía Metropolitana, “el uniformado, que estaba de servicio, se dio cuenta de que la joven se había intentado ahorcar y en su afán por salvarle la vida, la subió a un vehículo de la institución y la llevó al hospital”.
Sin embargo, esa versión del suicidio es algo que no creen los padres de Paula. Según sus familiares y amigos, ella no tenía motivos para hacerlo, ya que estaba en el mejor momento de su vida: tenía un trabajo estable, estaba juiciosa y hace dos meses había tomado la decisión de irse a vivir con su pareja, de quien estaba felizmente enamorada. De hecho, el día en que murió tenía planeado conocer a su suegra y al resto de su familia.
La detención
La historia detrás de su muerte comenzó ese sábado cuando los amigos de Paula la invitaron a celebrar su cumpleaños. Luego de unas horas, al verla un poco alicorada, la mandaron en un taxi para la casa. Debía irse temprano, porque tenía una cita importante: iba a conocer a su suegra. El recorrido inició en el barrio Restrepo y debía terminar en el barrio 20 de Julio, donde la esperaba su novia.
Al ver que Paula se estaba demorando y no contestaba su teléfono, su pareja llamó al taxista para saber dónde venían. El hombre respondió que estaba en el almacén Metro, en la carrera 10 con calle 30b sur, muy cerca del lugar de destino. De inmediato, ella se dirigió hasta allá y encontró a Paula enfrentada con el taxista, porque al parecer le estaba cobrando más de lo debido.
La joven intentó calmar la situación, pero a la escena llegaron dos policías. El taxista les aseguró que Paula lo quería robar y de inmediato los uniformados la tiraron al suelo, le pusieron una rodilla sobre su cabeza para ponerle unas esposas. Para levantarla, la halaron de la pretina del pantalón. “No les importó que ella les hubiera dicho: ‘ojo que soy mujer y me están lastimando’. Paula medía 1,50 mt y pesaba 50 kilos. No era necesario usar tanta fuerza”, contó una testigo.
Ante la escena, la novia de Paula alcanzó a llamar a sus suegros y les contó que se iban a llevar a Paula, pero que los policías no querían decir a dónde. Minutos después, y cuando los uniformados vieron que les estaban tomando fotos, dijeron que la llevarían a la UPJ de Puente Aranda, en la carrera 39 con calle 10. De inmediato, los padres de la joven salieron rumbo a la estación. Sin embargo, cuando llegaron, se encontraron con la fatal noticia: a su hija la habían trasladado a un hospital.
La madre asegura que al llegar a la UPJ no había ningún policía, sólo estaba el defensor, quien les dijo que habían recibido a Paula; que le habían hecho el procedimiento de ingreso que se les hace a todas las mujeres (revisan que no estén lactando, ni en embarazo), y que luego la habían pasado a una celda, donde intentó ahorcarse con el cordón de la sudadera. “En ese punto surgen las primeras preguntas, pues Paula no llevaba sudadera, sino un pantalón de dril, con un cordón decorativo en algodón, de menos de 30 cm, con lo que sería difícil quitarse la vida. Además, lo que nunca nos dijo el defensor fue que ella salió muerta de la celda. Cuando llegamos al hospital, encontramos que la niña había ingresado muerta a las 10:20”, relató Ana Llanos.
Dudas
La madre, quien también es policía, pudo conocer el informe que hicieron los uniformados luego de detener a Paula. Según ella, el documento siembra más dudas detrás de su muerte. En el formato, que es lo único que han recibido de las autoridades, dice: “La ciudadana se encuentra en alto grado de exaltación en la carrera 10 con 31 sur. Por su estado, se conduce a la UPJ para que se evite daños a su propia identidad y a terceros”. En ninguna parte dice que estaba alicorada ni menciona la pelea con el taxista. Además, no está su firma, datos de contacto, ocupación, ni tampoco está marcada la casilla de condición de comunidad LGBTI.
Los padres de Paula conservan la fotografía que le tomaron ese día en el hospital, en donde se evidencian golpes en su rostro y en la parte izquierda del torso. Además, de una marca en su cuello que denota asfixia, pero no por suicidio, como asegura la Policía. Según su padre, que estudió enfermería, “por la posición del cuerpo, la marca de una persona que se ahorca es diagonal y en la parte superior del cuello. Pero la de Paula es totalmente horizontal, en la parte inferior del cuello, típica de una asfixia mecánica inducida o estrangulamiento”.
La explicación de la Policía no tiene satisfecha a su familia ni a sus amigos, pues son más las preguntas que las certezas. ¿Qué pasó de las 9:15 a las 9:50 dentro de la patrulla que trasladó a Paula a la UPJ? ¿Por qué en la UPJ, en el momento del ingreso, no le fueron retirados elementos como un anillo o el cordón con el que supuestamente se iba a ahorcar? ¿Llegó viva a la UPJ? ¿Por qué su firma y los datos que tenía que llenar en el informe no están? ¿En tan sólo 20 minutos, la registraron, le hicieron la valoración, la trasladaron a la celda, vieron el intento de suicidio y la sacaron al hospital? Y por qué en el momento que llega la Policía a detenerla, si ella expresó que era una mujer, nunca llegó una policía femenina a hacer el procedimiento.
Son explicaciones que tendrá que dar la Policía de Bogotá, que se ha limitado a sostener la versión del suicidio. Su familia ahora piensa poner este caso en manos de los organismos de control. Por ahora, han radicado unos cuantos derechos de petición, solicitando el acceso a cámaras de seguridad del lugar, el dictamen de Medicina Legal y la responsabilidad de la Policía en los hechos, pues en el caso de Paula, su familia tiene una cosa clara: el día de su muerte, ella estaba celebrando su vida y esta se apagó en 30 minutos, mientras estuvo bajo custodia del Estado.
Morir en la UPJ
Por Mauricio Albarracín
El pasado sábado 5 de diciembre, entre las 9:15 y las 10:20 de la noche, una persona trans murió mientras estaba detenida por la Policía en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda en Bogotá.
¿Cómo es posible que un ciudadano pierda la vida cuando se encuentra bajo la custodia de la Policía para garantizar su propia seguridad? ¿Fue un suicidio como argumenta la Policía o existe responsabilidad penal de los agentes?
Carlos Torres era un hombre trans, es decir, aunque se le asignó un sexo femenino al nacer, estaba en proceso de tránsito hacía una identidad masculina. Esto explica porque sus padres y algunos amigos lo seguían llamando Paula, como era su nombre en su cédula de ciudadanía y este ha sido el nombre usado en varios medios de comunicación. El día que murió celebraba su cumpleaños 28 y salió junto con sus amigos a celebrar. Hacia las nueve de la noche, sus amigos, quienes notaron que estaba un poco pasado de tragos, decidieron llamar un taxi para que fuera a la cita que tenía con su novia. Al parecer, Carlos tuvo una discusión con el taxista sobre el pago del servicio. La Policía llegó al lugar de los hechos, detuvo a Carlos y lo montó en la patrulla. Según el informe de conducción de la Policía: “La ciudadana en mención se encontro (sic) en alto grado de exaltacion (sic) en la carrera 10 calle 31 sur por su estado de indefension (sic) se conduce a la UPJ para evitar daños a su integridad y la de terceros”.
Carlos logró comunicarse con su padre por teléfono e informó que la Policía lo había golpeado. Posteriormente, según el informe de la UPJ, Carlos entró al centro de retención a las 9:50 pm, de donde salió a las 10:10 pm en una patrulla de la Policía rumbo al hospital San José, donde llegó sin signos vitales.
Las irregularidades en este hecho son protuberantes. Primero, la detención no tiene una base legal. Según la Policía, ella se encontraba en “alto grado de excitación” y por ello fue retenida en la UPJ. La aplicación arbitraria de esta norma ha hecho que la Policía pueda detener discrecionalmente a cualquier persona por cualquier causa (ver columna: UPJ: la cárcel de los jóvenes pobres). Lo peor es que esta facultad se mantiene en el nuevo Código de Policía que está en trámite. Si Carlos estaba en estado de embriaguez, debió ser conducido a su casa o, en su defecto, a una institución de salud. Sumado a esto, Carlos denunció antes de su muerte que fue golpeado por los policías, situación que se confirma con fotografías de su cuerpo, un hecho que constituiría un grave exceso del uso de la fuerza. Para completar el cuadro de irregularidades, el informe de conducción no tiene los datos personales de Carlos (dirección y teléfono), tampoco tiene su firma, la Policía no marcó la casilla LGBT que tiene el formulario y la firma del delegado del Ministerio Público es un sello con el nombre de un funcionario. Por tanto, esta retención pudo haber violado las reglas establecidas de la sentencia C-720 de 2007 de la Corte Constitucional.
Las circunstancias de la muerte de Carlos son aún más confusas. La Policía dice que fue un suicidio con un cordón de la sudadera. En todo caso, como se sabe, cuando cualquier persona entra a la UPJ, se le retiran hasta los cordones de los zapatos. Otras dudas surgen de los hechos que se han venido conociendo: ¿la Policía no estaba vigilando las celdas? ¿Existen testigos del hecho, por ejemplo otros retenidos en la UPJ? ¿Dónde estaba el agente del ministerio público? ¿Las cámaras de vigilancia de la UPJ estaban en funcionamiento? ¿Quiénes son los agentes de la Policía involucrados? ¿Confirmó Medicina Legal que se trataba de un suicidio? ¿La Policía resguardó de manera adecuada la escena del crimen para que se realizaran las investigaciones pertinentes? ¿Por qué no se aplicaron los primeros auxilios de reanimación en la UPJ? ¿Por qué el comandante de la Policía de Bogotá no ha dado un informe completo y detallado de la situación? ¿Tendrán algo que decir el alcalde saliente y el electo sobre la muerte de ciudadanos en una instalación destinada a la seguridad del distrito? ¿Y dónde está el Procurador?
La familia y amigos de Carlos exigen justicia. El pasado viernes, en una protesta frente a la UPJ, los manifestantes gritaban con rabia: “por acción y omisión, la Policía la mató”. Esta denuncia se da en medio del debate sobre la profunda crisis de la Policía Nacional y corresponde con un patrón de violencia policial contra minorías que parece no interesar al Gobierno Nacional.
* Investigador de Dejusticia. malbarracin@dejusticia.org
Organizaciones condenan muerte de joven trans Carlos Torres (P.T.), exigen investigación contundente y el fin de la violencia policial.
El Aquelarre Trans, coalición de organizaciones y activistas que trabajan por los derechos de las personas trans en Colombia*, condena la súbita e inesperada muerte de Carlos Torres y manifestará su rechazo en el plantón programado para el día de hoy a las 3PM frente al lugar de los hechos (Carrera 32 # 14-20, Bogotá).
Carlos Torres (P.T.), un joven trans de 28 años de edad, fue detenido por agentes de la Policía Nacional en Bogotá hacia las 9:50 pm del pasado 5 de diciembre de 2015 cuando se encontraba en compañía de su pareja. Fue conducido a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) y trasladado sin signos vitales al Hospital San José pasadas las 10 pm. Momentos antes de su muerte, el joven contactó a su padre, muy alterado y angustiado, diciendo que lo estaban golpeando y que lo habían arrastrado. Su muerte fue registrada en el hospital hacia las 10:20 pm.
La versión de los agentes de la Policía es que el joven se suicidó con un cordón, pero esta versión deja innumerables preguntas sin resolver para su familia y su comunidad y no es de ninguna manera una explicación satisfactoria de los hechos ocurridos. La familia de Carlos tuvo acceso a unas fotografías que muestran el cuerpo con lo que parecen ser golpes en la zona del abdomen y el rostro.
El Estado colombiano tienen la total obligación de proteger a las personas que se encuentran bajo su custodia y de utilizar un enfoque diferencial en sus procedimientos, tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Ninguna persona debe morir mientras se encuentra bajo custodia estatal y cuando ello ocurre, debe existir total transparencia frente a las circunstancias en que se dio la muerte.
Al momento no se conoce el informe policial sobre lo ocurrido, no se han dado a conocer los nombres de los agentes que se encontraban de turno en la UPJ en la noche de los hechos, ni la familia ha tenido acceso a los videos de seguridad que deben dar cuenta de lo que verdaderamente ocurrió.
Las personas trans son parte de una población que cuenta con protección constitucional reforzada y por tanto, todas las autoridades deben garantizar sus derechos a cabalidad. La UPJ es tristemente famosa por las múltiples violaciones a los derechos humanos y al debido proceso que se cometen con reprochable frecuencia contra las personas que allí son retenidas a diario. Las personas trans han denunciado incontables veces haber sido víctimas de abuso policial que incluye violencia física, sexual, destrucción de documentos, retenciones ilegales y violencia verbal, entre otras.
Según el informe de derechos humanos publicado por la organización Colombia Diversa, Cuando la guerra se va la vida toma su lugar (2013-2014), las personas más afectadas por la violencia policial son las personas trans, quienes representan el 50% de víctimas de estas conductas, siendo Bogotá uno de los cinco entes territoriales en los que mayor violencia policial contra personas LGBT se registra.
En respuesta a un derecho de petición presentado por el Observatorio de Trabajo Sexual en 2013, la Policía Nacional respondió que las personas que usualmente son conducidas a la UPJ son LGBTI, habitantes de calle, trabajadoras sexuales e hinchas de barras.
Camilo Losada, activista trans del grupo Hombres en Desorden afirmó, “la pérdida de una vida es irrecuperable, el dolor por la muerte es irreparable. No es posible que una persona muera en manos del Estado, no hay justificación alguna para un hecho como este. No es posible que las personas Trans sigan muriendo, víctimas de crímenes de odio, mucho menos que el Estado, como primer garante de los derechos humanos sea quien ejerza violencia hacia personas transgénero, no es posible que no sea reconocida su identidad de género, negando incluso en la muerte su propia existencia. Lamentamos profundamente lo sucedido, cada muerte nos deja una huella imborrable.
Acompañaremos a sus familiares y amigxs, y nos comprometemos con el seguimiento de todo el proceso que conduzca hacia la verdad, justicia y dignificación del nombre de Carlitos”.
Pedro Julio Castañeda, directora de Santamaría Fundación en Cali manifestó “exigimos de la Policía Nacional, de la Fiscalía y de todos los entes administradores de justicia, una investigación oportuna, clara y transparente de cara a los derechos humanos porque estamos mamadas de tanta violencia contra las personas trans. ¡Ni una persona trans muerta!”
Katalina Angel, de la Red Comunitaria Trans dijo, “es muy importante conocer los protocolos de seguridad que manejan cuando detienen a una persona dentro de la UPJ y cómo se maneja la seguridad allá adentro, si hay cámaras de vigilancia... algo tiene que haber. Si Carlos fue agredido por otros detenidos en la UPJ tiene que haber varios detenidos por la acción y exigimos que nos den sus nombres.”
Laura Weinstein, directora del Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT) dijo, “¡Hoy más que nunca exigimos justicia y denunciamos que la Policía, que debe garantizar nuestros derechos, es quien nos violenta y nos asesina!”
Alejandro Lanz, director de PARCES manifestó, “La muerte de Carlos Torres es un claro ejemplo de cómo la policía criminaliza a las personas trans y de cómo la UPJ, como ya es usual, se convierte en una herramienta que legitima la violencia y el prejuicio hacia las identidades no normativas a quienes cotidianamente se les niega el derecho a ocupar un espacio dentro de la ciudad”.
Andrea Parra, abogada y directora de PAIIS dijo, “en este caso la Policía Nacional es indudablemente responsable, bien sea por acción o por omisión. Claramente incumplió su obligación de proteger a cualquier persona bajo su custodia sin discriminación alguna por identidad de género.
En caso de comprobarse las agresiones podrían configurarse los delitos de tortura y ejecución extrajudicial. No nos cabe duda de que, independientemente de lo ocurrido, la Policía violó la ley, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Exigimos que los hechos se esclarezcan a la mayor brevedad, se sancione a los responsables y se adopten medidas para que esto nunca vuelva a ocurrir”.
Las organizaciones que luchamos por los derechos de las personas trans en Colombia y en contra de la transfobia y la discriminación manifestamos que no descansaremos hasta que se haga justicia por esta muerte injustificada y exigimos lo siguiente:
Que todas las entidades vinculadas a la investigación y sanción de los hechos ocurridos utilicen el nombre identitario de Carlos Torres y así dignifiquen su memoria. Igualmente, que mantengan a sus familiares informados en detalle sobre todas las actuaciones adelantadas.
Que la Policía Nacional o la Secretaría de Gobierno publiquen inmediatamente los nombres de los agentes que se encontraban prestando servicio en la UPJ en el momento de los hechos, así como el informe policial correspondiente a lo ocurrido.
Que la Policía Nacional entregue a la Fiscalía General de la Nación los videos de seguridad que se hayan registrado desde el momento de ingreso a la UPJ del joven Carlos Torres hasta el momento en que fue sacado del lugar.
Que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses priorice la expedición del informe forense sobre la muerte de Carlos Torres.
Que la Fiscalía General de la Nación investigue los hechos de manera prioritaria, considerando la posibilidad de que se hayan configurado los delitos de tortura, ejecución extrajudicial, detención ilegal, hostigamiento y discriminación entre otros y, en caso de que el informe del Instituto de Medicina Legal establezca que fue suicidio, por inducción al suicidio. También, que en todo el proceso trabaje en estrecha colaboración con el grupo de enfoque diferencial LGBT de la entidad.
Que la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional realicen de manera prioritaria las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, de los agentes de policía que se encontraban en la UPJ en el momento de los hechos, en lo relativo a sus acciones como a sus omisiones, así como de sus superiores.
Que la Secretaría de Gobierno, la Personería Distrital y la Veeduría Distrital creen un mecanismo independiente que realice un informe a profundidad acerca de los procedimientos internos de la UPJ así como sobre las múltiples quejas de violaciones de derechos humanos y que proponga mecanismos para garantizar la plena transparencia y adecuación del actuar de los agentes de la Policía con los estándares internacionales de derechos humanos y la Constitución.
Que la Defensoría del Pueblo adopte acciones urgentes y prioritarias para hacer seguimiento a la investigación y contribuir al esclarecimiento de los hechos.
¡Exigimos Justicia YA!
*El Aquelarre Trans es una coalición de organizaciones de la sociedad civil y activistas independientes que busca visibilizar y reivindicar las identidades trans como parte de una experiencia de vida válida y valiosa logrando el reconocimiento pleno de sus derechos. Hacen parte de la Coalición: Fundación Procrear, Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), Hombres en Desorden, Pares en Acción-Reacción contra la Exclusión Social (PARCES Ong), la Red Comunitaria Trans y Santamaría Fundación. Prestan apoyo técnico: Colombia Diversa y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes.
Contactos:
Camilo Losada, Hombres en Desorden, 3213225722
aquelarretrans@gmail.com
Facebook: aquelarretrans
Twitter: @AquelarreTrans
