Grace Kely es una transgenerista de 31 años que desde noviembre pasado viene librando una batalla judicial para que el Estado les reconozca, a ella y a toda la comunidad LGBTI, su derecho al trabajo. Su petición es sencilla: debe abolirse para ellos el requisito de la libreta militar. El año pasado vio frustrada su intención de laborar como enfermera transgénero en el Distrito. Le dijeron que todos sus papeles estaban en regla, que la política de la Alcaldía era de inclusión con esta comunidad, pero que sin la libreta no podían contratarla. Acudió a una tutela. Se la negaron. Hoy la Corte Constitucional revisa su caso.
Su lucha empezó a mediados del año pasado. Según ella, Juan Florian, subdirector para Asuntos LGBT de la Alcaldía, la animó para que trabajara como enfermera de la Bogotá Humana de Petro. Entusiasmada reunió todos los documentos que le pidieron y esperó la respuesta oficial del Distrito. Sin embargo, el 30 de octubre se suspendió el proceso porque Grace no tenía libreta. Entonces instauró una tutela contra la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social, asegurando que dicho requisito vulnera su derecho al trabajo, niega su construcción de identidad y viola su intimidad y su derecho a vivir sin humillaciones.
En su criterio y el de Diana Navarro, directora de la Corporación Opción y la Red Comunitaria Nacional Transgénero, quien se interesó en el caso, es absurdo que a las mujeres trans se les exija la libreta militar, pues a pesar de haber nacido biológicamente como hombres —Grace se llamaba antes Iván Andrés Páez— ellas mismas no se reconocen como tales. En ese contexto, pedirles que aporten la libreta vulnera su posibilidad de acceder a cargos públicos y privados, graduarse de universidades y suscribir contratos con el Estado. Una especie de castración social que redunda en procesos de exclusión a perpetuidad. Un lastre que la comunidad LGBTI se quiere sacudir.
No obstante, el 22 de noviembre de 2013 la jueza María Patricia Ramírez negó la tutela argumentando que la exigencia de la libreta militar no vulneraba los derechos de Grace Kely, que la prestación del servicio militar obligatorio es un deber ineludible y que la ley actual no prevé exenciones para las transgeneristas. Su caso fue tomando fuerza entre la comunidad LGBTI y se unieron distintas organizaciones sociales, como Colombia Diversa. “Si me mandaran para las Mujeres de Acero yo iría, pero en el Ejército peligraría mi integridad, me van a tratar como el marica”, dice. Esta semana, la Corte Constitucional estudiará su expediente.
Varias de las organizaciones que apoyan su causa le enviaron a la Corte un documento en el que justificaron por qué a las mujeres trans no se les debería exigir la libreta militar. “Nos preocupa que, al ser tratadas como hombres, al momento del reclutamiento se produzcan tratos humillantes, como desnudez en público en el examen médico, trato patologizante en el examen médico, cortes de cabello abusivos, cambio de vestimentas que no correspondan con su identidad de género, insultos y tratos denigrantes por parte de miembros de las Fuerzas Militares”. Por eso concluyeron que llamar a las trans “a solucionar su situación militar sería una forma de doble victimización” para una comunidad históricamente vilipendiada.
Argumentando que las trans son mujeres a la luz de la Ley 48 de 1993, estas organizaciones pidieron que se le otorgue a Grace la tutela cuanto antes, que el Congreso tramite una ley de identidad de género que regule los derechos de esta comunidad, que se tomen medidas para que en adelante no se les exija a las mujeres trans la libreta militar y que el Ejército presuma la buena fe de las accionantes. Los magistrados María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Alberto Rojas (cuya elección fue anulada hace poco por el Consejo de Estado) tendrán la última palabra en este caso.
El Espectador conoció además que la Defensoría del Pueblo está terminando un informe en el que documenta irregularidades en los procesos de reclutamiento de las personas trans. En opinión de esa entidad, es degradante y discriminatorio obligar a una transgenerista a tramitar la libreta militar e incluso portarla, pues eso les recordaría “en cada momento que su sexo biológico no corresponde con su identidad de género”. Y añade: “También resultan discriminatorios aquellos argumentos según los cuales una mujer trans adopta esa condición con el fin de evadir la prestación del servicio militar”.
Grace dice que no ha tenido tantos problemas por su condición sexual como otras trans, que una vez resultó golpeada por un grupo neonazi, pero que la cosa no pasó a mayores, que su familia siempre la ha respaldado y que su mamá le dijo que la quería así no más, que la aceptaba como fuera, “menos ladrón o matón”. Es la menor de 10 hermanos —“cinco mujeres, cuatro hombres y yo”, sostiene—. Está convencida de que esta batalla judicial podrá sacar aún más del ostracismo social a su comunidad. Sabe de muchos casos de transgeneristas que tienen estos mismos líos. Es una lucha colectiva.
La Alcaldía incluso envió un concepto a la Corte en el que señala que un estudio sobre diversidad sexual de 2011 mostró indicadores como que el 98% de las personas LGBTI han sido discriminados, y “los transgeneristas son quienes en un mayor número de situaciones (32,62%) han percibido discriminación de sus derechos”. La Corte se apresta a tomar una decisión en este caso.
jlaverde@elespectador.com
@jdlaverde9
TOMADO: EL ESPECTADOR.
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