viernes, 27 de marzo de 2015

“En Colombia siguen matando por ser gay”: vicefiscal Perdomo

El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, reveló que a la fecha adelantan más de 260 investigaciones por denuncias relacionadas con ataques a la población Lgbti en Colombia.


“En Colombia todavía se están cometiendo delitos por ser gay, por ser leabiana, por ser trans, por ser intersexual, y eso es algo que la Fiscalía con esta nueva política de investigación de todos estos hechos no va a tolerar. Vamos a llevar estas investigaciones hasta las últimas consecuencias”, dijo Perdomo.

Según la Fiscalía, entre los ataques a la población Lgbti aparecen actos discriminatorios en eventos públicos o privados como en colegios y empresas e incluso hay delitos que se cometen a través de las redes sociales donde se realizan contactos para cometer ilícitos.

De igual forma, señaló que la Fiscalía identificó recientemente a una organización delincuencial, integrada por seis personas que fueron capturadas tras ser señaladas del homicidio por razones de odio y discriminación contra la comunidad Lgbti.

Las revelaciones del Vicefiscal fueron hechas en el seminario de ‘Aproximación a los métodos de investigación de delitos contra personas Lgbti’ que se desarrolla en Bogotá.

COLPRENSA


Se debe llegar a un ordenamiento jurídico no homofóbico: Eduardo Montealegre Lynett


El tránsito de un ordenamiento homofóbico a uno respetuoso de la diversidad sexual para superar la discriminación contra cualquier persona, planteó el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett.

Durante su intervención en el seminario internacional Aproximación a los Métodos de Investigación de Delitos contra Personas LGBTI, que se realizó en Bogotá, el funcionario explique se requiere una justicia que integre tanto la igualdad social como el reconocimiento y es necesario pasar de “un ordenamiento homofóbico a un ordenamiento plural y respetuoso de la diversidad sexual”.

El evento contó con la participación de miembros, activistas y líderes de la comunidad LGBTI, directivos y representantes de entidades defensoras de los derechos, los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo,  y Justicia, Yesid Reyes.

“La reivindicación del reconocimiento busca la superación de la discriminación con el fin de incluir dentro del discurso jurídico nuevos patrones que permitan la participación en la vida social de aquellos grupos despreciados y perseguidos. Este reconocimiento exige que las instituciones públicas adecuen sus funciones para atender y responder de una mejor manera a aquellos fenómenos criminales que impiden el ejercicio libre e incondicionado de los derechos de las personas LGBTI”, reiteró Montealegre.

El paso hacia el nuevo modelo de ordenamiento jurídico debe acompañarse por una justicia de tipo correctivo para transformar la sociedad y que “asegure el cambio de las relaciones de poder, los símbolos sobre lo masculino y lo femenino y los conceptos normativos”, dijo el Fiscal.

Se refirió además del papel protagónico que desempeña la Corte Constitucional Colombiana en la tarea de reconocer las orientaciones e identidades de géneros diversas. “Gracias al alto tribunal, la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, la transexualidad e intersexualidad salieron del clóset, es decir, pasaron de ser identidades objeto de miedo y represión social para convertirse en identidades protegidas por el ordenamiento constitucional”.

El funcionario manifestó que gracias a la expedición de la Carta Constitucional de 1991 se empiezan a reconocer en Colombia los derechos fundamentales de las homosexuales a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la salud y  la familia.

Para Montealegre, los esfuerzos de la Corte como “tribunal garantista de los derechos humanos y de la diversidad sexual”, unido al trabajo de organizaciones civiles y grupos de defensores de los derechos de las personas LGBTI, han avanzado en políticas de igualdad y no discriminación.

“Gracias a la fuerza de sus argumentos de los líderes de estas organizaciones, a su perseverancias, a la seguridad de sus reivindicaciones y a la creatividad de sus modos de lucha, los derechos de las personas LGBTI son un asunto público que le exige a los jueces y a las diversas entidades del Estado, entre ellas a la Fiscalía General de la Nación, respuestas coherentes y tendientes a superar el déficit de atención jurídico que afecta la vida de todos aquellos que de manera libre y espontánea deciden asumir una identidad no heteronormativa”.

26 de marzo de 2015
LCRA / AAEA

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