Rusia incluye al movimiento LGTBI en su lista de organizaciones terroristas
- La medida podría acarrear penas de hasta diez años de prisión por financiar al colectivo
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Las autoridades de Rusia incluyeron el 22 de marzo de 2024 al movimiento LGBT en su lista de organizaciones terroristas y extremistas, lo que podría implicar la congelación de cuentas bancarias vinculadas al colectivo.
El Servicio Federal de Vigilancia Financiera de Rusia (Rosfinmonitoring) ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo de Rusia avalara la petición del Ministerio de Justicia, que instaba a declarar el movimiento LGBT, que se encuentra prohibido en el país, como extremista.
Asimismo, la corte falló a favor de prohibir el colectivo y reconoció como “extremista” la división estructural de su organización interna. Sin embargo, las autoridades rusas han defendido que esta decisión “no viola el derecho de los ciudadanos a su intimidad y no acarrea consecuencias legales negativas”.
En este sentido, han afirmado que se trata de un trámite para completar el proceso de prohibición completa del movimiento, si bien la legislación rusa establece que aquellos que financien organizaciones terroristas o extremistas pueden ser condenados a penas de hasta 10 años de prisión.
La cruzada de Vladimir Putin y la Iglesia ortodoxa rusa de más de una década contra la comunidad LGBT suele atacar los derechos que tienen sus integrantes en el resto del mundo como contraposición a los “valores tradicionales” que dicen querer preservar en Rusia.
Rusia inició su actual escalada represiva contra el colectivo LGBT en 2013, con una primera ley contra la ‘propaganda gay’ que, bajo la premisa de proteger a los menores, limitaba los mensajes y actividades. La última reforma constitucional incluye también un veto explícito al matrimonio entre personas del mismo sexo.
En 2020, los legisladores llegaron a incluir una prohibición explícita del matrimonio entre personas del mismo sexo en la constitución de Rusia. En diciembre de 2022, se aprobó legislación que extendía a todos los grupos de edad la prohibición de hacer “propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales”.
Entre otras medidas, ha aprobado leyes que prohíben la promoción de relaciones sexuales “no tradicionales” y prohibieron los cambios de género legales o médicos.
Esta última medida esté en consonancia con un fallo de la Corte Suprema de Rusia en noviembre pasado según el cual los activistas LGBT deberían ser designados como extremistas, una medida que los representantes de personas homosexuales y transgénero dijeron que temían que condujera a arrestos y procesamientos.
La lista la mantiene Rosfinmonitoring, que tiene poderes para congelar las cuentas bancarias de las más de 14.000 personas y entidades designadas como extremistas y terroristas. Van desde Al Qaeda hasta el gigante tecnológico estadounidense Meta y asociados del fallecido líder de la oposición rusa Alexei Navalny.
La nueva lista se refiere al “movimiento social LGBT internacional y sus unidades estructurales”, informó la agencia estatal de noticias RIA.
(Con información de EP y Reuters)
PRONUNCIAMIENTO AMNISTÍA INTERNACIONAL
Rusia: La sentencia que califica al “movimiento LGBT” de “extremista” tendrá consecuencias catastróficas
Ante la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Rusia que califica de “extremista” al “movimiento público internacional LGBT” y en la práctica prohíbe toda actividad pública relacionada con el colectivo LGBTI, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha manifestado:
“Esta decisión vergonzosa y absurda representa un nuevo frente en la campaña de las autoridades rusas contra la comunidad LGBTI. Existe el riesgo de que esta sentencia dé lugar a una prohibición general de las organizaciones LGBTI, con violaciones generalizadas de los derechos a la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica así como del derecho a no sufrir discriminación. Afectará a incontables personas, y sus repercusiones serán catastróficas.”
Existe el riesgo de que esta sentencia dé lugar a una prohibición general de las organizaciones LGBTI, con violaciones generalizadas de los derechos a la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica así como del derecho a no sufrir discriminación.
Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central
“Prácticamente no hay ninguna duda de que dará lugar a la persecución de activistas LGBTI, deshaciendo decenios de trabajo incansable y valiente y amenazando con promover y legitimar niveles completamente nuevos de violencia contra las personas LGBTI en toda Rusia.”
“Pedimos a las autoridades rusas que rectifiquen de inmediato esta sentencia. La comunidad internacional debe manifestar su solidaridad con la comunidad LGBTI rusa, reclamar el fin de estas medidas opresivas y salvaguardar los principios de igualdad, libertad y justicia para todas las personas.”
Información complementaria
La sentencia del Tribunal Supremo califica de “extremista” al “movimiento público internacional LGBT”. Con estos términos, empleados por el Ministerio de Justicia ruso, parecen referirse no a un grupo o iniciativa establecido y claramente definido, sino a toda forma de activismo en defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI e incluso a toda relación pública con la comunidad LGBTI. Calificarla de “extremista” tiene graves consecuencias legales para todas las personas implicadas en actividades relacionadas con la comunidad LGBTI o incluso que tienen una relación conocida o supuesta con la comunidad LGBTI. Sus “participantes” pueden enfrentarse hasta a 5 años de prisión, y sus “organizadores” y donantes hasta a 10 años, en aplicación de los artículos 282.2.2, 282.2.1 y 282.3 del Código Penal, respectivamente.
La calificación de “extremista” conlleva la prohibición de los símbolos de la organización. Exhibir tales símbolos puede dar lugar a una “detención administrativa” de hasta 15 días en aplicación del artículo 20.3 del Código de Infracciones Administrativas, y la reiteración de la “falta” es delito en aplicación del artículo 282.4 del Código Penal, con una pena máxima de cuatro años de prisión.
Quienes se enfrentan a investigación o procesamiento por participar en actividades “extremistas” normalmente sufren bloqueo de sus cuentas bancarias así como restricciones de empleo y de otros derechos, incluida la prohibición de presentarse a elecciones en todos los niveles durante un periodo variable.
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