viernes, 7 de abril de 2017

RETROCESO en Perú por derogatoria de Decreto Legislativo 1323 por parte de mayoría Fujimorista

PRONUNCIAMIENTO PARLAMENTARIOS, FUNCIONARIOS Y POLITICOS LGBTI DE AMERICA LATINA SOBRE LA DEROGACION DEL DECRERO LEGISLATIVO Nº 1323 CONTRA LOS CRIMENES DE ODIO POR ORIENTACION SEXUAL EN EL PERU

El día de hoy, la Comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú decidió derogar las normas que brindaban protección a la población LGTBI contra los “crímenes de odio”, las cuales están contenidas en el Decreto Legislativo Nº 1323, norma que fortaleció la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género en el Perú.

Esta decisión es responsabilidad exclusiva de los integrantes del Partido “Fuerza Popular”, quienes amparándose en un argumento “formal”, decidieron iniciar un grave proceso de retroceso de la protección de la población LGTBI en el Perú.

En consecuencia, los firmantes manifestamos nuestro más profundo rechazo a esta decisión, la cual consideramos NO TIENE FUNDAMENTO ALGUNO, NI MORAL, NI JURIDICO, por ello:
INVOCAMOS  a los congresistas integrantes de FUERZA POPULAR a cambiar su postura en el Pleno del Congreso de la República y así no convalidar una decisión que vulnera el principio de igualdad y afecta peligrosamente a la población LGTBI y sus derechos.

RESPALDAMOS las expresiones señaladas por el Congresista Alberto de Belaunde y otros representantes del Parlamento Peruano al indicar que esta “es una decisión homofóbica” toda vez que HOMOFOBIA implica DISCRIMINACION, la cual se ha consagrado con esta medida en contra del Decreto Legislativo 1323 y es precisamente esta norma la que está enfocada en velar por una población vulnerable que sufre aterrantes cifras de asesinatos anuales.

EXPRESAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD  con el movimiento LGBTI peruano que lucha por lograr el pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas   gays, Lesbianas bisexuales, trans e intersexuales  del Perú y les animamos a seguir luchando sin desmayo por una sociedad justa y un estado que garantice los Derechos Humanos para todos los ciudadanos  y  Ciudadanas por igual.

Firmantes

Tamara Antonieta Nunez del Prado Adjunta Defensor del Pueblo 
Estado Plurinacional de Bolivia

Deivis  De Jesús Ventura Pena
Activista y político LGBT
República Dominicana.

Jaime Parada
Concejal de Providencia
Chile

David León Ramírez
Regidor Frente Amplio
Costa Rica.

Diane Rodríguez
Diputada Electa a la Asamblea Legislativa
Ecuador y Presidenta Asociación Ecuatoriana
de Organizaciones LGBTI 

Rosmit Mantilla.
Diputado de La Asamblea Nacional
República Bolivariana de Venezuela.

Yimmi Sorrilla
Concejal San Juan Puerto Rico

Víctor Manuel Nieves
Teniente Alcalde Municipalidad San Martin
Perú.

Manuel Canelas
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

Luis Larrain
Fundador de IGUALES
Chile.

Maximiliano Ferraro
Diputado Ciudad de Buenos Aires
Argentina.

Ricardo Montenegro Vásquez
Director OrgulloLGBT.co COLOMBIA
Ex candidato Liberal al Congreso de la República

Nixon Padilla
Partido Comunista Colombiano

Rihanna Ferrera Sánchez
Candidata a Diputada
Partido Innovación y Unidad Demócrata
Honduras

David León Ramírez
Regidor Municipal Heredia
Frente Amplio
Costa Rica.

Ivan Joseth Banegas
Director ejecutivo
Asociación Colectivo Violeta
Honduras

Benjamín Medrano Quezada
Diputado Federal Mexico.

Margarita Salas
Presidenta Partido Vamos
Costa Rica.

(Siguen firmas)

Promsex denuncia como acto discriminatorio la propuesta de derogatoria del artículo 1 del Decreto Legislativo 1323

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales -PROMSEX- deplora la votación mayoritaria en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República que aprobó derogar, con el voto mayoritariamente de la bancada fujimorista, del Decreto Legislativo Nº1323 la sanción de los crímenes de odio y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, denominada también como "Ley de Crímenes de Odio".

Este extremo del Decreto Legislativo Nº1323, representaba un avance en la erradicación de prácticas discriminatorias y violentas que vulneran los derechos de las personas LGBTI; por lo que su defensa era un asunto constitucional, ético y un requisito para la consolidación de la democracia y la justicia en nuestro país.

Esta propuesta de derogatoria es una clara manifestación de discriminación por la orientación sexual e identidad de género desde el propio Congreso de la República, cuya función principal, paradójicamente, es garantizar el derecho a la igualdad de todos y todas. Debe recordarse que, dada la protección convencional y constitucional de las categorías de orientación sexual e identidad de género, toda norma, acción o práctica discriminatoria basada en estos motivos está terminantemente prohibida. Es así que, en la labor legislativa no se puede pretender invisibilizar en el ámbito de la protección penal a determinadas personas basándose únicamente en su orientación sexual o identidad de género.

Aunque la decisión fue adoptada en una instancia del Congreso, la misma no puede calificarse per se como constitucional y convencional sobre todo cuando los intereses detrás de esta decisión son abiertamente antidemocráticos ya que buscan pretenden dejar sin protección jurídica a las personas LGTBI sin fundamento válido.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que, "la presunta falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido"; pues "la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías en instancias democráticas".

En este sentido PROMSEX denuncia como acto discriminatorio la propuesta de derogatoria del artículo 1 del Decreto Legislativo 1323. Y exhorta al Pleno del Congreso a remediar en el más corto plazo la situación de injusticia generada y de esa manera evitar la responsabilidad internacional del Estado peruano.

Comunicaciones Promsex



ONU Derechos Humanos insta al Congreso peruano a proteger derechos de personas LGTBI

SANTIAGO (5 de abril de 2017) – El Representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, manifestó su preocupación por la reciente decisión en mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República del Perú que propone derogar el artículo 1 del Decreto Legislativo No 1323, lo que podría llevar a un retroceso en la protección de las personas, en especial de las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersex (LGTBI) frente a la discriminación y en el cumplimento de sus compromisos internacionales en derechos humanos.

Amerigo Incalcaterra recordó que la aprobación de este decreto significó un gran avance en materia legislativa en la región. Por ello, exhortó al Pleno del Congreso de la República a que revise la propuesta en mayoría de la Comisión a la luz de las obligaciones internacionales que tiene el Perú de proteger, respetar y realizar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación, según los principales tratados de derechos humanos que ha ratificado.

“Los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos. Pero estas personas enfrentan situaciones de discriminación, violencia, estigma y prejuicio, vulnerándose derechos esenciales como la vida, el trabajo, la salud y la educación, lo que requiere especial protección, tal como ha sido advertido por diversos mecanismos de derechos humanos para el caso del Perú”, manifestó Incalcaterra.

“Evidencia recogida por la Defensoría del Pueblo da cuenta de asesinatos, intimidación y actos de ensañamiento hacia las personas LGTBI en el Perú, motivados por su orientación sexual e identidad de género. En muchos casos, estos actos permanecen en la impunidad”, agregó.

El Representante recordó que es deber de las autoridades proteger a todas las personas frente a la vulneración de sus derechos. “El Decreto Legislativo No 1323 obedece a una situación de derechos humanos en el país. No establece derechos especiales ni privilegios, sino que es una respuesta frente a la inseguridad ciudadana y apunta a cumplir la obligación que tiene el Estado de proteger y respetar los derechos de todas y todos sin discriminación, en especial de quienes requieren mayor protección como las personas LGTBI”.

En este punto, Incalcaterra invocó a los y las congresistas a revisar todos los decretos legislativos aprobados en el marco de la Ley No 30506 al amparo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las principales recomendaciones realizadas al país. “Instamos al Congreso del Perú a revisar estas iniciativas desde el prisma de los derechos humanos, evitando regresiones en la garantía de derechos”, enfatizó.

Por último, el Representante del ACNUDH reiteró la disposición de su Oficina de brindar al Congreso de la República del Perú la asistencia que requiera para cumplir con sus funciones en este marco.


ONU Derechos Humanos-América del Sur

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