En España, Amnistía Internacional (AI) denuncia el retroceso que supone la exclusión de contenidos de diversidad afectivo-sexual que se propone en la Ley de Educación
Amnistía Internacional ha lanzado además, a través de su centro de activismo (www.actuaconamnistia.com), una ciberacción para denunciar y exigir la investigación del caso de Noxolo Nogwaza, una lesbiana violada y asesinada en Sudáfrica.
La orientación sexual y la identidad de género, criminalizada en el mundo
En torno a 80 países siguen criminalizando la homosexualidad, y 7 de ellos (Mauritania, Sudán, Arabia Saudí, Yemen, Irán y regiones de Nigeria y Somalia) condenan a muerte por motivos de orientación sexual e identidad de género. África Subsahariana es una de las regiones donde más se ha incrementado el acoso al colectivo LGBTI, con 38 Estados que penalizan la homosexualidad.
Los gobiernos continúan atentando contra los derechos humanos de estas personas. Uganda sigue debatiendo el proyecto de Ley Anti-Homosexual que, de aprobarse, permitirá el aumento del acoso contra el colectivo y la impunidad. Además, en caso de convertirse en ley, el proyecto penalizaría la libertad de expresión, asociación y reunión. Nigeria ha aprobado finalmente en mayo de este año la ley sobre Prohibición del Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo que impone una pena de 14 años de cárcel a toda persona que suscriba un matrimonio o una unión civil con alguien del mismo sexo. Gambia, Ghana o Camerún siguen realizando redadas y detenciones arbitrarias a personas LGBTI. Y la homofobia y los crímenes de odio contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales son comunes en Sudáfrica, donde entre junio y noviembre de 2012, al menos siete personas (cinco de ellas lesbianas), fueron asesinadas en diferentes partes del país, aparentemente por su orientación sexual e identidad de género.
“Hay que poner fin a estos acosos. Ya es hora de que los Estados africanos dejen de criminalizar a las personas por su homosexualidad”, ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Sin embargo, no sólo es el continente africano quien persigue lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Países europeos, como Bielorrusia, siguen coartando la libertad de expresión, prohibiendo marchas del Orgullo, denegando permisos de actuación a organizaciones LGBTI, o incluso, como en el reciente caso de Rusia, imponiendo multas por expresar la homosexualidad en público.
Seguimos avanzando: el Supremo de EEUU avala la igualdad de matrimonios homosexuales
A pesar de todo, existen algunos avances en la lucha contra la homofobia. El más reciente es la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU aprobada este miércoles que declara inconstitucional la ley que limita el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer. “Damos la bienvenida a la decisión del Supremo que asegura que legalmente las parejas del mismo sexo casadas puedan acceder a los beneficios federales. La igualdad de matrimonio para parejas del mismo sexo es un derecho humano”, ha declarado Frank Jannuzi, director adjunto de Amnistía Internacional USA.
Otro de los pasos adelante es que se han podido celebrar las primeras marchas del Orgullo en algunos países europeos como Albania, Moldavia y Ucrania.
Asimismo, en 2012 el gobierno de Malawi anunció que iba a eliminar las leyes homófobas del país. En Chile entró en vigor la Ley contra la Discriminación, que prohíbe la discriminación por razón de raza, origen étnico, religión, orientación sexual, identidad de género, edad, aspecto y discapacidad. Esta Ley se aprobó tras el brutal homocidio de Daniel Zamudio, muerto a consecuencia de una paliza recibida por su presunta homosexualidad.
Otro de los motivos de celebración para Amnistía Internacional es el avance del matrimonio entre personas del mismo sexo. No sólo Francia, que se convierte en el 14 país en aprobarlo en todo el mundo, sino también algunos estados de Estados Unidos. Además, Argentina aprobó una ley que permitía a quien lo desease cambiar su nombre y sexo en documentos oficiales sin la aprobación de un médico o un juez.
Diversidad en la nueva ley educativa en España
“Amnistía Internacional considera imprescindible que la futura Ley de Educación (LOMCE) y sus decretos de desarrollo garanticen contenidos de diversidad afectivo sexual en el currículo educativo”, ha manifestado Esteban Beltrán.
Una educación en derechos humanos que incluya ese tipo de contenidos, además de ser esencial para la lucha contra la homofobia en general, también puede contribuir a que la educación pueda ser disfrutada sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, en un entorno seguro, libre de violencia, acoso escolar, exclusión social y otras formas de discriminación y trato degradante motivadas por su orientación sexual o su identidad de género.
Un año más, la Sección Española de Amnistía Internacional se suma a las marchas del próximo 6 de julio en Madrid, en conmemoración del Día del Orgullo LGBTI.
En este caso, la marcha destacará la necesidad de que los Estados garanticen que no existe discriminación contra las personas jóvenes LGBTI.
“Para Amnistía Internacional, la probable exclusión de contenidos específicos de diversidad afectivo sexual supone un retroceso inaceptable en el sistema educativo”, ha declarado Esteban Beltrán.
Tomado de AI
HRW denuncia los abusos a los que son sometidas las personas LGBT a manos de las fuerzas de seguridad libanesas
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles las amenazas, malos tratos y torturas a las que son sometidas las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) a manos de las fuerzas de seguridad libanesas mientras permanecen en custodia.
El informe, 'Es parte del trabajo: los malos tratos y la tortura de los grupos vulnerables en las comisarías de Policía libanesa' de 66 páginas, consta de 52 entrevistas llevadas a cabo a personas detenidas por haber consumido presuntamente drogas, haber ejercido la prostitución o por el mero hecho de ser homosexuales. Las personas entrevistadas han asegurado que las fuerzas de seguridad abusaron de ellas, las torturaron y maltrataron.
"El abuso es común en las comisarías de Policía libanesas, pero es peor para los consumidores de drogas o trabajadores de sexo", ha declarado el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Nadim Houry. "El abuso a los presos, especialmente a los más vulnerables de la sociedad, no va a parar hasta que Líbano ponga fin a la cultura de la impunidad policial", ha proseguido.
En el comunicado divulgado por la organización en el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, HRW ha exigido a las autoridades libanesas a que establezcan "un mecanismo independiente de denuncia" para investigar los presuntos casos de tortura. Asimismo, los países donantes deben asegurarse de que la ayuda a las fuerzas de seguridad apoya el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas reales.
"Me llevaron para interrogarme desnudo, me arrojaron agua fría, me ataron a una mesa con una cadena y me colgaron en la posición 'farrouj' --atar a la víctima a un palo colocado en la parte posterior de las rodillas, definida así por Amnistía Internacional--", ha destacado 'Mohamad' (nombre supuesto), arrestado por posesión de drogas. "Me rompieron los dientes y la nariz y me golpearon con un arma hasta que me dislocaron el hombro", ha añadido.
Al menos 17 antiguos presos han afirmado que no les facilitaron comida, agua o medicamentos cuando los necesitaban e incluso que su medicación fue requisada, según reza el comunicado. Otros nueve han asegurado que fueron esposados en cuartos de baño y que los obligaron a mantenerse durante horas en posiciones "muy incómodas".
De acuerdo con la ONG, once presos han subrayado que las fuerzas de seguridad los obligaron a escuchar los gritos de otros detenidos con el objteivo de asustarlos e incitarlos a cooperar o confesar. Además, 21 de las 25 mujeres interrogadas han denunciado que los agentes las habían sometido a violencia o coerción sexual, que incluyen desde la violación hasta el ofrecimiento de "favores" -- cigarros, alimentos, condiciones más cómodas en sus celdas o un informe policial más leve-- a cambio de sexo.
Human Rights Watch ha subrayado que la violencia física ha sido empleada tanto para conseguir confesiones como para castigar a quienes hubiesen tenido mal comportamiento. El poder judicial, ha indicado la ONG, ignora "regularmente" las quejas por los abusos policiales. Solamente en tres casos, ha enfatizado, el juez de instrucción ha llevado a cabo una investigación por las denuncias de coacción.
"La parálisis política que hay en Líbano no debe ser una excusa para evitar las reformas policiales esenciales", ha declarado Houry. "En cualquier caso, la actual crisis política y de seguridad destacan la necesidad de que las fuerzas de seguridad sean responsables y respetuosas para con los Derechos Humanos", ha añadido.
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