En Colombia está ocurriendo una revolución silenciosa. En menos de 30 años el país ha pasado de ser una sociedad conservadora en los ámbitos de la familia y la sexualidad, a una donde las libertades individuales empiezan a imponerse sobre los prejuicios. La semana pasada la Corte Constitucional aprobó la adopción por parte de parejas del mismo sexo sin ninguna restricción. Y todo parece indicar que en los próximos días ese alto tribunal también le dará vía libre al matrimonio gay. Así las cosas, en materia de normas, Colombia se acerca a las naciones más igualitarias del mundo.
Esa corriente también se expresa en otros temas. Esta misma semana se produjo en Pereira la segunda eutanasia legal del país, ya sin las controversias que rodearon hace unos meses la de Ovidio González, el papá del caricaturista Matador. Casi simultáneamente los ministros de Salud, Agricultura y Justicia emitieron un decreto que legaliza el uso de la marihuana con fines medicinales; y el fiscal Eduardo Montealegre propuso la despenalización total del aborto (ver recuadros).
Por supuesto estas decisiones levantan polvareda y tienen muchos detractores. Pero el tabú se está moderando. El debate se está dando de manera amplia y profunda en las más altas esferas del país. Colombia está saliendo del clóset.
Aunque en todos esos temas –el uso médico de la marihuana, la eutanasia, el aborto– se notan cambios, hay uno que lleva la delantera: la evolución de los derechos de la población LGBTI. Hace pocos años era impensable que dos ministras del gabinete de gobierno fueran abiertamente homosexuales. O dos de las congresistas más destacadas del país. O que una transgénero se convirtiera en una de las altas funcionarias de la ciencia y el medioambiente. O que una Alcaldía como la de Bogotá –en el cuatrienio de Gustavo Petro– tuviera una política pública explícitamente para incluir a la población LGBTI en todos los terrenos de la vida social y política.
Han sido cambios paulatinos, a veces imperceptibles, y el camino no ha sido fácil. “Durante muchos años, quizás más de los que se debía, el Estado colombiano ha acompañado visiones restrictivas de la condición humana. Se planteó un único formato para vivir la vida, para actuar consigo mismo y con los demás”, dijo el ministro de Justicia, Yesid Reyes, el día que firmó el decreto para que los transexuales pudieran cambiarse de sexo en notaría, sin necesidad de certificados psiquiátricos como antes.
Decenas de colombianos han tenido que dar batallas públicas en los estrados judiciales, a veces víctimas de humillaciones y ofensas, para que les reconocieran su derecho a una identidad sexual diferente. El caso más estremecedor es el del joven Sergio Urrego, quien se suicidó en agosto del año pasado dejando antes un manifiesto de denuncia sobre la discriminación y el matoneo que sufren quienes, como él, son homosexuales. “Estoy un poco cansado de responder esa pregunta (si soy bisexual). No creo que el amor tenga etiquetas, realmente”, dejó escrito. Su muerte, paradójicamente, obligó a que las instituciones educativas dieran un salto en tolerancia. El pasado miércoles el colegio donde estudiaba tuvo que pedir perdón, por orden de la Corte Constitucional, en un acto público al que asistieron centenares de personas y altos funcionarios, con el ánimo de que nunca más otro niño sufra lo mismo que él.
Luchas similares han dado otras personas en materia de herencias, de pensiones, de visitas íntimas carcelarias, etcétera. “¿Quién celebra y toma fotos luego de afiliarse a una EPS? ¡Quienes no teníamos el derecho, a quienes nos lo negaban, solo por amar a alguien del mismo sexo!”, le dijo la congresista Angélica Lozano al Consejo de Estado cuando tuvo que ir a defender su curul de la demanda de un pastor evangélico, que alegaba que ella no podía estar en el Capitolio al mismo tiempo que su pareja, la senadora Claudia López.
La comunidad LGBTI ha librado una lucha persistente, con triunfos y derrotas. El Congreso le dio la espalda a estos debates y nunca aprobó leyes que habrían garantizado derechos en forma amplia, clara y con una sólida base de legitimidad. Por eso los gais han tenido que labrar su camino en los estrados judiciales a punta de tutelas, y apoyados en el espíritu liberal de la Constitución de 1991. El fallo de la Corte Constitucional sobre adopción igualitaria de la semana pasada reivindica a grupos y personas que han persistido desde entonces en la defensa de sus derechos. De algún modo esta ha sido la victoria de una causa que está logrando una revolución sin derramar una sola gota de sangre.
Si la Corte Constitucional aprueba en los próximos días el matrimonio entre parejas del mismo sexo, como se cree que pasará, Colombia entrará al pequeño club de países que le reconocen a la comunidad LGBTI todos sus derechos. Algo que en Estados Unidos, paradigma de modernidad, apenas ocurrió este año, cuando en medio de multitudinarias marchas y una euforia colectiva, la Corte Suprema de ese país tumbó la prohibición que existía para dichas uniones.
El matrimonio gay se ha convertido en el símbolo contemporáneo de la igualdad.
En la otra esquina, tanto en Colombia como en la comunidad internacional, las Iglesias y los sectores conservadores argumentan que esta figura lesiona el concepto tradicional de familia, conformada por un hombre y una mujer. En Colombia estas voces han sido relevantes. La decisión sobre la adopción de la Corte Constitucional, por ejemplo, fue rechazada por el procurador y las instituciones religiosas y convocó a un movimiento liderado por la senadora Viviane Morales, que busca por medio de un referendo impedir que se cumpla ese fallo. La consulta pondría en consideración de los ciudadanos una reforma constitucional para echar para atrás la jurisprudencia de la corte, que tiene por definición ese mismo rango.
Muchos colombianos seguramente saldrían a votar para apoyar esta idea. Las encuestas indican, incluso, que quienes se oponen a los derechos de las parejas del mismo sexo son mayoría. Lo cual no extraña, pues los homosexuales son una población minoritaria, por lo cual la figura del referendo, consulta o plebiscito carece de sentido. Consultar a la población en general sobre los derechos de una minoría es casi condenarlos a que los pierdan para siempre. Por ese camino se podría volver a la pena de muerte o a la esclavitud. Como le dijo el jurista italiano Luigi Ferrajoli a SEMANA “no se puede someter a una consulta popular el principio de la dignidad de la persona, de la igualdad, de la vida”.
Una cosa son los credos religiosos y otra, muy distinta, la evolución de la ley. Y esta tiene que contemplar una visión del interés general, dentro de la cual la garantía de los derechos de las minorías es fundamental para asegurar la estabilidad social y la ausencia de conflictos violentos. Las normas que favorecen a las minorías benefician a toda la sociedad porque ensanchan el pluralismo, la tolerancia y el respeto, y consolidan valores democráticos como la libertad, la diversidad y la igualdad.
En el mundo occidental se dice que la libertad de un individuo termina donde comienza la del otro, y es evidente que la unión de dos personas del mismo sexo no le hace daño a nadie. En cambio, “lo que sí es real y palpable es el daño continuo que la prohibición del matrimonio le hace a la comunidad gay. Ellos pierden herencias, seguros médicos, la custodia de sus hijos y muchísimas oportunidades si alguno de los dos fallece”, dice la revista The Economist.
La Corte Suprema de Estados Unidos resumió ese clamor en el párrafo con el que cierra su sentencia en favor de los matrimonios de parejas del mismo sexo: “Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, dedicación, sacrificio y familia (…) Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan el respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización”.
Muchos colombianos han padecido esa situación y por eso han convertido su vida en una causa. Como dijo el presidente Barack Obama, en su discurso cuando se aprobó el matrimonio gay en su país, para llegar a esa decisión muchísimos héroes anónimos tuvieron que enfrentar el estigma y con ello “reivindicaron la creencia de que personas ordinarias pueden lograr cosas extraordinarias”.
Desde luego, modernizar las normas es un paso fundamental, pero siempre y cuando estas se cumplan. Y que, en consecuencia, modifiquen los hábitos y los valores. En la población gay colombiana hay más víctimas de violencia que en el promedio nacional, según estudios realizados por organizaciones militantes, y todavía existen prácticas inaceptables de discriminación y estigmatización.
Pero así como hoy suena impensable que hace unas décadas las personas no pudieran elegir con quién casarse, los blancos no pudieran ir en el mismo bus que los negros y los judíos hayan sido asesinados por cuenta de su religión, en unos años muchos pensarán lo mismo del trato que en el pasado han recibido las minorías. De algún modo, este debate nos está adentrando a fondo en el siglo XXI.
Así van las otras libertades:
Eutanasia legal
Hace unos meses Colombia se conmovió con el caso de Ovidio González, el papá del caricaturista Matador. El clamor de un hombre enfermo para que cesara su sufrimiento terminó por constituir un hito en este tema y se convirtió en la primera eutanasia legal del país. La Corte Constitucional había despenalizado esta práctica en 1997, pero le había encargado al Congreso reglamentarla. Como no lo hizo en más de una década, a comienzos de años, ese mismo tribunal ordenó al Ministerio de Salud expedir un decreto para hacer realidad ese derecho. Esta semana, un hombre en Pereira fue el segundo colombiano en acceder a este procedimiento.
Marihuana medicinal
Colombia ha liderado un nuevo enfoque en la política mundial de drogas. La prohibición del glifosato y el crítico discurso del gobierno en la cumbre de Naciones Unidas le han dado al país reconocimiento internacional. Esta semana los ministerios de Justicia, Salud y Agricultura hicieron público un decreto que autoriza el uso de la marihuana con fines medicinales. El presidente Juan Manuel Santos anunció que lo firmará en los próximos días. Aunque esto no significa la legalización del consumo de drogas, pues habrá restricciones y será solo para aliviar el dolor de ciertas enfermedades, Colombia sí queda en una posición de avanzada. Hoy solo 11 países del mundo permiten el uso del cannabis para estos fines.
Aborto sin restricciones
Esta semana el fiscal Eduardo Montealegre propuso la despenalización total del aborto hasta la semana 12 del embarazo. La propuesta generó revuelo, pero también dejó en evidencia la necesidad de regular el acceso de las mujeres a este procedimiento. Hace casi 10 años la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos. 1) cuando peligra la vida de la madre; 2) cuando exista grave malformación del feto; 3) cuando el embarazo es producto de una violación. Sin embargo, el desconocimiento de las decisiones de la corte y la confusión que ha generado su pugna con el procurador en este tema hacen que miles de mujeres todavía recurran a abortos clandestinos.
Texto tomado de http://www.semana.com/
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