miércoles, 2 de noviembre de 2016

Religión y Política peligrosa combinación contra nuestros derechos LGBTI

 ¿Vamos a seguir excluyendo a las personas LGBT?

El concepto de familia, según el artículo 42 de la Constitución, ha sido interpretado por la Corte Constitucional para abarcar a todas las configuraciones familiares que se encuentran en la Colombia moderna. Ese debate ya se dio y fue solucionado por las vías institucionales.


¿Qué pretenden la senadora y las Farc (quienes en el pasado han sido victimarios de las personas LGBT) al hablar de un concepto inequívoco de familia? ¿Quieren mediante un pacto que nada tiene que ver con el tema borrar la jurisprudencia de la Corte? (Foto: Fotocomposición/El Espectador)


Fue extraño el comunicado conjunto emitido el pasado fin de semana por las Farc, la senadora Viviane Morales y el líder cristiano Carlos Alonso Lucio, en el que se anuncia un acuerdo entre la guerrilla y estos representantes de las comunidades religiosas sobre el enfoque de género en el acuerdo de paz. Aunque el contenido de lo publicado es intencionalmente vago y crea espacio para especulaciones, no son en vano las preocupaciones expresadas por sectores de las personas LGBT. La necesaria renegociación de los acuerdos no puede ser un espacio para evitar el reconocimiento de las víctimas del conflicto que lo sufrieron de manera particular por su identidad de género y orientación sexual, ni mucho menos para echar para atrás desarrollos constitucionales que les incomodan a Morales y sus simpatizantes. El nuevo pacto, cualquiera que sea, no puede sustituir la Constitución ni introducir micos que impongan una agenda política discriminatoria.

Según se supo, el 23 y el 24 de octubre, de manera secreta, Morales, Lucio y representantes de las Farc se reunieron para dialogar sobre las incomodidades que ciertos sectores religiosos han expresado sobre el acuerdo de paz, especialmente en lo que concierne al reconocimiento de las víctimas cristianas y al uso del enfoque de género. ¿No es excluyente que un tema que afecta a tantos grupos diversos sólo cuente con la participación de un sector con una intención muy particular? Ahora se supo que mañana miércoles las Farc se reunirán con grupos de mujeres y de personas LGBT, pero si estamos hablando de diálogo, ¿no deberían todos compartir la misma mesa, de tal manera que los compromisos, las posiciones y los prejuicios se expongan con transparencia?

Esa preocupación cobra importancia cuando se leen los puntos pactados entre Morales y las Farc. De acuerdo con el comunicado difundido por la senadora en su Facebook, se acordó: (1) ajustar la definición de enfoque de género para aclarar que sólo prioriza a las mujeres (algo que ya era claro en el acuerdo original, pero que la senadora y otros líderes políticos han utilizado como caballito de batalla para obtener réditos políticos en toda esta discusión), (2) sentar “los elementos suficientes que permitan, a posteriori, por instancias públicas o privadas, interpretaciones inequívocas respecto al concepto de la familia redactado con claridad en el artículo 42 de la Constitución Política”, y otros tres puntos de reconocimiento de las víctimas perseguidas con ocasión de su religión. Sobre lo último no hay objeción, lo primero se entiende como una concesión política, pero la redacción de ese segundo punto no deja de ser problemática.

Aunque Morales ha dicho que su interés por la familia es la de verla representada en los acuerdos, no deja de causar suspicacia la pregunta sobre el motivo detrás de ese fin, especialmente entendiéndolo en el contexto del referendo que ella promueve y que busca desconocer sentencias de la Corte Constitucional. Al respecto, tiene razón Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, quien le dijo a El Espectador que “no es conveniente imponer criterios interpretativos. El acuerdo no puede estar por encima de la Constitución ni puede ser contrario a esta. Los principios de discriminación son tanto para cristianos como para LGBTI y deben ser respetados (...) El problema es que ellos interpreten género como diversidad sexual y ahí es donde uno se da cuenta de que no son expertos en el tema”.

El concepto de familia, según el artículo 42 de la Constitución, ha sido interpretado por la Corte Constitucional para abarcar a todas las configuraciones familiares que se encuentran en la Colombia moderna. Ese debate ya se dio y, salvo por el errado referendo que cursa en el Congreso, fue solucionado por las vías institucionales definidas por la misma Carta Política. ¿Qué pretenden la senadora y las Farc (quienes en el pasado han sido victimarios de las personas LGBT) al hablar de un concepto inequívoco de familia? ¿Quieren mediante un pacto que nada tiene que ver con el tema borrar la jurisprudencia de la Corte? ¿Y qué hará el Gobierno, seguirles el juego sólo por tener un acuerdo antes de diciembre?



Entendemos que en la renegociación deben incluirse todos los sectores y hay afán para encontrar puntos en común, pero la paz no puede construirse sobre la discriminación. De nada servirá hacer historia si en el acuerdo seguimos marginando colombianos sólo por calmar los miedos fundados en prejuicios.

Por: El Espectador EDITORIAL 31 OCT 2016 







FARC y grupos cristianos llegan a puntos comunes sobre enfoque de género
La reunión se realizó en Cuba entre la delegación de la guerrilla, la senadora Viviane Morales y Carlos Alonso Lucio. El documento será llevado a la mesa con el gobierno.



Los temas de género se convirtieron en uno de los puntos más díficiles en la negociación con las Farc.  Se trata de uno de losdebates más espinosos relacionados con el proceso de paz y quizás también uno de los más comentados y menos explorados.  Sin embargo, este fin de semana se hizo público un texto en el que ese grupo guerrillero y la senadora Viviane Morales llegan a puntos comunes de discusión. El documento está titulado “Cristianismo participando: al pueblo cristiano y a quienes profesan una fe religiosa” y recoge los principales coincidencias que tiene el grupo guerrillero con algunas de las voces más representativas de la comunidad evangélica.

En el texto, se relata que “en esta  etapa  de construcción de  consensos por la paz, nos  reunimos en La Habana, los días  23 y 24 de octubre, la Delegación de Paz de las FARC-EP, Viviane Morales y Carlos Alonso Lucio, en condiciones de senadora y de líder  cristiano, con el fin de escuchar sus propuestas para revisar  y enmendar el Acuerdo Final de Paz, atendiendo a las observaciones  públicas  que han  formulado distintos sectores cristianos”.

En ese documento las Farc, “en uso de su autonomía y competencias como una de las partes del diálogo” se comprometen a llevar a la mesa con el Gobierno Nacional cinco puntos indispensables para la comunidad cristiana:

1. El enfoque de género relacionado con los derechos de la mujer:  “Una  redacción que  constituya criterio de interpretación  en relación con el “enfoque de género” bajo el entendimiento claro de que se refiere a la reivindicación y protección especial de los derechos  de la mujer  como víctima principal  del conflicto  y como protagonista  esencial en la construcción de la paz y el posconflicto”.

2. El concepto de la familia: “Que  sobre el “enfoque de  género” de los Acuerdos se sentarán los elementos suficientes que permitan, a posteriori, por instancias públicas o privadas, interpretaciones inequívocas respecto al concepto de la familia redactado con claridad en el artículo 42 de la Constitución Política”. 

Aunque en el comunicado no lo especifican, uno de los puntos en los que suelen insistir más las comunidades cristianas es que la familia es la conformada por la unión de un hombre y una mujer, que es la expresión que utiliza textualmente la Constitución Política. El tema generará debate porque las Farc son progresistas y han defendido en muchas oportunidades los derechos de la comunidad LGBTI. La Corte Constitucional, por su parte, también ha señalado en numerosas sentencias que las parejas del mismo sexo son familia. 

3. Respeto a la libertad religiosa: “Que en tal sentido, los planteamientos referidos a la no estigmatización y a la no victimización de cualquier población vulnerable, redactados en el Acuerdo, deben armonizar con la libertad de conciencia, la libertad religiosa, el derecho a la autonomía educativa de las instituciones, y con el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores”.

4. Reconocimiento de las víctimas cristianas: “El Acuerdo deberá incorporar entre las víctimas del conflicto, el reconocimiento y visibilización de quienes fueron víctimas en razón de sus creencias religiosas, particularmente de los pastores y comunidades cristianas”.

5. Iglesias como jugador estratégico de la paz: “Deberán reconocer a las iglesias cristianas entre los actores de la reconciliación para la paz, posibilitando su participación dentro de las  etapas de la implementación de los Acuerdo. Tal situación, debe darse en todos los espacios de participación ciudadana, incluyendo los espacios de trabajo sobre temas de familia, libertad de religión y libertad de conciencia, en el marco de la comisión de implementación, seguimiento, verificación y resolución de diferencias. Asimismo contarán las congregaciones de fe y cultos religiosos, incluyendo al cristianismo, con espacios de participación en las instancias de construcción de paz surgidas del Acuerdo, que sean pertinentes, en función de la consolidación de la reconciliación y la paz”.

Al final en el documento se señala que “los esfuerzos consignados en este documento, los hacemos inspirados en el ánimo de construir el mayor consenso posible en el camino de la paz para Colombia”.

Como se sabe, el tema de la “ideología de género” se convirtió en uno de los puntos más polémicos, más complejos y hasta ahora más irreconciliables del proceso de paz.  Durante varios meses las comunidades religiosas, en especial las evangélicas, tuvieron serios reparos a los diálogos en la Habana y luego al documento de 297 páginas que recogía el Acuerdo Final. 

Su queja principalmente tenía que ver con el abordaje que este tenía sobre “el enfoque de género” y la “orientación sexual diversa” expresiones que se repiten numerosamente en el texto. A juicio de la gran mayoría de iglesias cristianas el acuerdo atentaba contra la familia tradicional y podría limitar temas esenciales de la sociedad como la autonomía de los padres para educar a sus hijos en valores religiosos.

Las reuniones entre la senadora, su esposo y la delegación de las Farc se dieron la semana pasada en el más completo hermetismo. Se sabe que estuvieron allí Iván Marquez, Victoria Sandino, Jesús Santrich, entre otros.  Durante dos días ambos miraron detenidamente el texto del acuerdo final y presentaron sugerencias de ajustes.

Desde hace un tiempo existía un puente con la cúpula de las Farc que permitió que el encuentro se concretara en días anteriores.  Por otro lado, después del triunfo del No en las urnas el pasado dos de octubre, los delegados de las Farc, Álvaro Leyva y Enrique Santiago, habían buscado a Carlos Alonso Lucio para tratar de entender la posición de los cristianos que habían rechazado los acuerdos de paz.

“Encontré en las Farc una posición absolutamente abierta para escuchar y para entender las observaciones que venían del pueblo cristiano, para comprender en qué consistía la discusión del enfoque de género y cuáles eran los temores que nos generaban. Nuestra posición siempre fue que había un desconocimiento total del tema religioso y de las víctimas cristianas en el conflicto”, le dijo la senadora a Semana.com  

Morales agrega que en las reuniones llegaron a la conclusión de que era importante clarificar cuál era el significado del “enfoque de género” para que la interpretación fuera unívoca. La senadora asegura que este debe ser entendido como la intención de reconocer y dignificar los derechos de las mujeres y su papel como víctimas del conflicto armado.

Llama la atención que la reunión haya sido cuadrada directamente con las Farc, en un momento en que el gobierno adelanta mesas paralelas con los diferentes actores políticos del No. Sin embargo, la senadora señala que “la idea es ayudar a que esto se resuelva pronto y a que las discusiones y las dificultades se superen. Una de las formas de lograrlo es buscar un canal directo porque me da la impresión de que hay teléfonos rotos”, aseguró.  Agregó que aunque este documento solo lo firma ella y Lucio, la declaración recoge la posición de muchas iglesias cristianas en este momento.

Por otro lado, el viernes un grupo de pastores muy representativos del No: Eduardo Cañas, Héctor Pardo y John Milton Rodríguez también viajaron a La Habana para establecer el mismo diálogo directo con las Farc. Esos pastores ya habían expresado en el pasado su malestar por el hecho de que no tuvieran la posibilidad de reunirse directamente con el presidente Santos al mismo nivel que lo han hecho los líderes políticos. El sábado se reunieron con las Farc y también llegaron a puntos comunes de discusión sobre el enfoque de género para llevar a la mesa. En los próximos días irán también sacerdotes católicos.

El documento firmado entre la senadora y el grupo guerrillero no es un acuerdo formal en los términos en los que se ha dado la negociación.  Lo que significa es la coincidencia entre ellos y el grupo guerrillero para llevar a la mesa con el gobierno las inquietudes de la comunidad evángelica que ella representa. Luego, esa mesa será la que definirá que cambios se hacen al acuerdo final y cuáles no. Tampoco representa a toda la comunidad evángelica, pues se trata de un grupo diverso con más de 6 mil iglesias registradas.  

Tomado de http://www.semana.com/


La teocracia que se gesta en Colombia
Lo que buscan las iglesias con el acuerdo entre las mismas y las FARC es derribar la separación Estado-Iglesia

Por: Ferney Rodríguez Vargas



El anuncio de un acuerdo entre las iglesias evangélicas y las FARC sobre el tema de la “ideología de género” es parte de una mayor preocupación, la del deseo de los clérigos evangélicos por derribar la separación Estado-Iglesias. Recientemente fuimos testigos de una declaración de “guerra espiritual” de no pocos pastores contra los derechos de las mujeres, LGBTI, librepensadores, e incluso contra la ciencia. Este intento por ayuntar la iglesia con el Estado no solo afectará a las mujeres y gays sino a la sociedad democrática en general.

Así como Juan Carlos Vélez contó a La República la sucia estrategia de la campaña del NO para ganar el referendo, el pastor Ortiz ha revelado en Las2Orillas la estrategia de la derecha evangélica para que, mediante medios democráticos, acceder al poder y minarla desde adentro. Tras estas y otras declaraciones, varios ciudadanos creyentes y no creyentes, activistas y juristas han hecho sus apreciaciones. Es necesario qué como sociedad reflexionemos sobre la importancia de fortalecer  la laicidad estatal (separación de Estado e Iglesias) como garantía de la convivencia en un Estado plural y cómo los intentos más abiertos y descarados de fusionar el púlpito con la política son una mezcla peligrosísima.



Empezaré por aclarar que Colombia sí es un Estado Laico. En los comentarios de Las2orillas al artículo “Jesús no está en guerra con la comunidad LGBTI” Rodrigo García, un ciudadano común y corriente comentaba: “En la constitución de Colombia NO es cierto que diga que somos un estado laico. Los invito a citar algún artículo que diga eso”. Así como Rodrigo hay miles de ciudadanos que niegan la naturaleza laica del Estado. He escuchado esto políticos, funcionarios públicos y a pastores como Oswaldo Ortiz, el YouTuber de la derecha evangélica.

A todos ellos les digo que Colombia Si es un Estado Laico. Si bien no hay un artículo en la constitución que lo consagre expresamente, como ocurre en la Constitución de Ecuador, Honduras o Uruguay, la Corte Constitucional, único órgano encargado de interpretar la Constitución, así lo declaró en la Sentencia C 350 de 1994, en la que justo se analizaba el caso de la consagración de Colombia al sagrado corazón de Jesús:

“Un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y que además reconoce la igualdad entre todas las religiones no puede al mismo tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos. Es por consiguiente un Estado laico. Admitir otra interpretación sería incurrir en una contradicción lógica. Por ello no era necesario que hubiese norma expresa sobre la laicidad del Estado. El país no puede ser consagrado, de manera oficial, a una determinada religión, incluso si ésta es la mayoritaria del pueblo, por cuanto los preceptos constitucionales confieren a las congregaciones religiosas la garantía de que su fe tiene igual valor ante el Estado, sin importar sus orígenes, tradiciones y contenido.”

Esto significa que no hay religión, ni dogma religioso que pueda ser tomado por oficial. Ante el Estado poseen el mismo valor los Hare Krishna con tres mil feligreses, que la iglesia evangélica con los diez millones que pregonan. Y aquí es donde empieza el juego sucio de los pastores antilaicismo.

“Esta batalla la ganaremos con votos y dentro de pocas décadas pondremos a un pastor por presidente. Cambiaremos las lesivas decisiones de la Corte Constitucional que han ido en contra […] de la Palabra de Dios”, afirmó el pastor Ortiz.

En el siglo XX cuando los evangélicos eran minoría reclamaban por ser discriminados por el Estado con la Constitución de 1886 que hacía de la Iglesia Católica la religión oficial. Ahora, que ya hay libertad de cultos y laicidad y que han crecido en número desean utilizar la misma democracia para acallar al anciano que quiera eutanasia, a la pareja de lesbianas que quieran adoptar, a la pareja gay que se quiere casar, a la chica trans que desea cambiar su género y nombre en la cédula, a la mujer violada que desea interrumpir su embarazo, a los colegios que deben garantizar el no matoneo por orientación sexual, las clases de evolución, las de educación sexual y favorecer con partidas presupuestales sus conciertos evangelísticos góspel.

El cristianismo empezó siendo minoritario hasta cuando en el emperador Teodosio lo hizo religión oficial del Imperio Romano en el año 380. Una vez alcanzaron la mayoría, empezaron a someter a los paganos y otras ramas cristianas no católicas por la fuerza para que adoptasen sus credos. Posteriormente, tras surgir la reforma protestante, se dieron sangrientas guerras de religión que llevaron ya, en el Siglo de las Luces, a gestar el concepto de separación Estado – Iglesias, conocido hoy como laicidad.

Los deseos de expansión, junto con la creencia de cada denominación de ser asumida como la poseedora de “la verdadera”, son característicos de cada religión. Y es justamente en este punto donde la neutralidad estatal entra a jugar un papel importante. Los credos de fe pasan a ser asuntos individuales y no del Estado. El Estado permite la profesión de todos los cultos pero no entra si hay uno verdadero, no debe favorecer a alguno o a un grupo emparentado de ellos,  económica o simbólicamente, ni mucho menos en convertirse en amplificador de sus doctrinas.

Por lo anterior, es que en un Estado social de derecho, pluralista en materia filosófica, social, étnica y política, no es posible que las iglesias repriman los derechos de una minoría, como lo está haciendo ahora mismo con la comunidad LGBTI.

La historia nos muestra espejos de los alcances de lo que la “dictadura bíblica” puede hacer. En el 2014 Uganda firmó una ley que castiga a las personas homosexuales con penas de hasta cadena perpetua y obliga a delatarlas. Tras esta ley estuvieron las iglesias evangélicas quienes respaldaron al senador David Bahati, el Vivianne Morales de Uganda.

Bahati dijo en su momento tras su logro legislativo: “Somos una nación temerosa de Dios, que valora la vida de una forma integral. Es por estos valores que los miembros del Parlamento han aprobado la ley con independencia de lo que el resto del mundo piense”.

Estos discursos son exactamente iguales a los que escuchamos a prominentes pastores como Miguel Arrazola en Cartagena o a Marco Fidel Ramírez en Bogotá. Arrazola en su triunfalista mensaje tras la victoria del NO al plebiscito dijo “Colombia es tierra del Espíritu santo”. En su proyecto político no cabemos agnósticos, ateos, creyentes no afiliados a una iglesia, budistas, indígenas (a los que califica de satanistas) y un largo etcétera. Para él somos ciudadanos de segunda clase. La primera clase debe seguir ciegamente sus enseñanzas, no pensar libremente y obviamente, pagarle el diezmo.

Marco Fidel Ramírez por su parte, usa con frecuencia la expresión “dictadura de la diversidad sexual” para oponerse a las luchas reivindicativas de los LGBTI. Pues nada más alejado de verdad. Jamás la población LGBTI ha buscado hacer obligatorio para todos los colombianos el matrimonio con personas del mismo sexo, la adopción homoparental o el cambio de sexo en la cédula. Sólo se ha luchado por una igualdad ante la ley. Lo contrario, lo que persigue Marco Fidel y sus homólogos bibliólatras, si es una dictadura: Imponer solo un modelo de familia, un libro guía para todos, una moral única y el mantenimiento de privilegios para las iglesias recaudadoras de diezmos. 

Otro ejemplo de concubinato religión y política nos llega desde Rusia. Allí Vladimir Putin ha hecho alianzas con la Iglesia Ortodoxa Rusa para devolverle su antiguo poder a cambio de su respaldo. En el pasado septiembre, el solo hecho de que un joven prendiera su celular para capturar un pokemón en una iglesia le ha valido el arresto. La cárcel también fue el destino para las chicas de la banda Pussi Riot quienes interpretaron la canción “Madre de Dios, expulsa a Putín” en una iglesia ortodoxa. La solicitud de siete años de prisión fue avalada por la iglesia sin mayor sonrojo. Y es que cuando la religión se hace con el poder político, los derechos humanos quedan en un segundo plano. Ya lo anunció aquí en Colombia el pastor Ortiz: “Los verdaderos cristianos, los no caídos en la apostasía, sabemos que no es posible dar, conceder o permitir derechos, por más máscara de civiles que tengan, si contradicen la Biblia”.

Como conclusión citaré las palabras de la activista Marcela Sánchez, quien es creyente pero no vinculada a ninguna iglesia: “Descuídense y verán. ¡Ahora son los tales LGBTI luego será el divorcio, decidir el número de hijos, el uso de anticonceptivos, el voto femenino y su posibilidad de contratar, ser dueñas de sus propios bienes, ir a la universidad y todas esas cosas que la naturaleza no manda!”

Tomado de http://www.las2orillas.co/


Acuerdo mínimo entre iglesias y personas LGBTI
El proceso de ajustes y precisiones del acuerdo de paz no puede convertirse en un campo de batalla sobre la sexualidad y la religión.



Por: Mauricio Albarracín

Para lograr ese objetivo, las iglesias y las personas LGBTI debemos encontrar las bases mínimas para tener un acuerdo de paz pronto y con la mayor legitimidad posible.

El primer punto que debemos recordar es que se trata de un acuerdo para terminar un conflicto armado; por tanto, no se trata de una asamblea nacional constituyente. Esta afirmación parece obvia, pero es necesario hacerla porque cuando se leen las propuestas de algunas iglesias, parece que quisieran volver al génesis constitucional y aplicar la exégesis evangélica. La otra limitación que debemos tener en cuenta es que existe un acuerdo base sobre el que se deben hacer las propuestas. De esta manera, los ajustes deben proponerse sobre el texto real y no sobre mentiras o mitos. Por ello, es fundamental que se señale con claridad cuáles son los textos que preocupan a las iglesias y que se presente el argumento de la inconformidad para poder encontrar una fórmula de acuerdo.

Un punto en el cual tenemos acuerdo es que se reconozcan a las víctimas LGBTI así como a las víctimas en razón de sus creencias religiosas. El centro de este proceso de paz ha sido las víctimas y ellas deben ser reconocidas en toda su diversidad para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. También estamos de acuerdo en que se reconozca que el conflicto armado tuvo impactos devastadores para las familias y estas deben ser debidamente reparadas. Sin embargo, una cosa es reconocer que las familias sufrieron el conflicto y otra muy distinta buscar imponer un modelo único de familia o una interpretación restrictiva de la familia en el acuerdo de paz. Esto último es muy evidente en la propuesta de la senadora Viviane Morales sobre un criterio de interpretación de la familia que irradie todo el acuerdo. Querer imponer un modelo familiar en el acuerdo de paz es un típico “mico”, porque introduce un tema nuevo en el acuerdo de paz que nada tiene que ver con el origen ni el desarrollo del conflicto.

También debe hacerse otra distinción importante. El hecho que se reconozcan las víctimas en razón de su religión o que las comunidades de fe fueron afectadas por el conflicto no implica que en el acuerdo de paz se incluyan elementos religiosos que afectarían la separación entre las iglesias y el Estado. Tampoco puede usarse el acuerdo de paz para ampliar o modificar la libertad religiosa o de conciencia frente a otros debates sociales. Así, por ejemplo, no puede introducirse una clausula interpretativa como la que pretende la senadora Morales para que se “armonice” la obligación constitucional de no discriminación con la libertad de conciencia y religión porque ese asunto no tiene ninguna relación con el acuerdo de paz y busca amparar actos discriminatorios bajo la protección constitucional de las creencias religiosas. Es evidente que el conflicto armado colombiano no fue un conflicto religioso y en consecuencia el acuerdo de paz no debe ser sobre la religión.

Algunos líderes cristianos han manifestado que el acuerdo estableció “privilegios” para la población LGBTI. Esta es otra mentira que ha hecho carrera y que debe ser aclarada. El acuerdo de paz establecía medidas para que la igualdad fuera real y efectiva en relación con una comunidad históricamente discriminada y estigmatizada. De hecho, la campaña homofóbica que hemos vivido en los últimos meses demuestra que estas medidas son urgentes y necesarias. A pesar de la mala intención de la afirmación, es perfectamente posible ampliar las medidas de lucha contra la estigmatización en razón de la religión y fomentar la participación de comunidades de fe porque es una propuesta que tiene plena sintonía con nuestra defensa de la diversidad. Incluso, una medida así beneficiaría también a las personas LGBTI que sean perseguidas en razón de sus creencias religiosas, incluyendo aquellas que no tienen creencias y por tanto pueden ser protegidas ante ataques fundamentalistas que pretenden invadir la conciencia y la intimidad de los ciudadanos.

Los colombianos, tanto quienes votamos Sí como quienes votaron No, tenemos la convicción y la claridad de que ninguna disposición del acuerdo de paz puede usarse para negar, restringir o menoscabar los derechos constitucionales de ningún grupo o una persona, entre los que se encuentran tanto las personas LGBTI como las personas creyentes.

La mejor forma de aportar a la paz es mantener la seriedad y pertinencia de las propuestas para lograr el mayor consenso posible. Por eso, los micos interpretativos de la senadora Morales, lejos de ser una fórmula de solución, son una verdadera argucia jurídica para incorporar su agenda política en un acuerdo de paz que debe incluirnos a todos.


* Abogado y activista LGBTI.

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