Agosto histórico para los derechos de las personas LGBT en Colombia
Pese a que algunas decisiones recientes han mancillado el record liberal y la solidez jurídica de la Corte Constitucional de Colombia, el mes pasado ésta tomó dos decisiones de implicaciones históricas, aunque limitadas, respecto a los derechos de las personas LGBT.
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OCTUBRE 2, 2014 Por Juliana Martínez*
Dos recientes decisiones constitucionales respecto a los derechos de las personas LGBT en Colombia han mostrado una vez más los fuertes contrastes del país: la arraigada y poderosa moral católica convive con una de las cortes constitucionales más liberales del hemisferio. Durante años la Corte Constitucional ha defendido el espíritu democrático, pluralista e incluyente de la Constitución colombiana contra poderosas fuerzas autoritarias y conservadoras. En 2007 y 2008 extendió beneficios pensionales, patrimoniales y de seguridad social a las parejas del mismo sexo en uniones maritales de hecho, y en 2011 declaró que las parejas del mismo sexo “sí constituyen familia”. Pese a que algunas decisiones recientes han mancillado el récord liberal y la solidez jurídica de la Corte, el mes pasado ésta tomó dos decisiones de implicaciones históricas, aunque limitadas:
La Corte avaló la adopción de un menor por parte de una pareja del mismo sexo. Tras un extenso y complejo debate político, legal y hasta religioso, la Corte rompió su silencio de cuatro años. Con 6 magistrados a favor y 3 en contra, zanjó la polémica al otorgar a Verónica Botero el derecho de adoptar los hijos biológicos de su esposa Anna Leiderman. Aunque el fallo no permite de manera explícita la adopción conjunta por parte de parejas homoparentales, la decisión cita amplia evidencia científica a su favor y declara que la homosexualidad de los padres no puede ser considerada un factor de riesgo para los niños. Lo anterior confirma la jurisprudencia en favor de las personas LGBT y deja abierta la puerta para más legislación favorable en lo que a familias diversas se refiere.
La Corte reconoció la identidad de género de las mujeres trans al declarar que no tienen que cumplir con el servicio militar obligatorio. El juicio se centró en el caso de Gracy Kelly Bermúdez, una mujer transgénero que demandó a la alcaldía de Bogotá cuando se le negó un empleo por no tener resuelta su situación militar. La libreta militar es un documento que se exige a todos los varones colombianos mayores de 18 años al solicitar un trabajo, ingresar a la universidad o acceder a distintos servicios sociales. Si Bermúdez hubiera cambiado su sexo oficialmente habría sido exonerada de este requisito. El derecho de cambiar de sexo está protegido en Colombia desde 1993, pero sólo puede hacerse tras someterse a una cirugía de reasignación de sexo, un procedimiento médico que muchas mujeres trans no pueden pagar o no quieren hacerse. En consecuencia, pese a su identidad y expresión de género, la mayoría de mujeres trans en Colombia son oficialmente “hombres”. La corte decidió a favor de Bermúdez y ordenó a la oficina del alcalde que la contratara de inmediato.
El impacto de estas decisiones es de gran alcance. En el caso de Bermúdez la Corte esencialmente priorizó la identidad de género sobre el sexo asignado al nacer. Se declaró inconstitucional exigirle la libreta militar a las mujeres trans porque esto viola el derecho de las personas a definir su propio género. Además, la Corte pidió al Congreso que redacte una propuesta de ley que regule los derechos de las personas trans en Colombia, abonando el camino para una muy necesitada Ley de Identidad de Género.
La decisión también tiene implicaciones profundas para la región. Desde que Argentina aprobó su histórica Ley de identidad de género en 2012, varios países han luchado para logar resultados parecidos y el precedente legal colombiano podría ser una alternativa viable para hacer litigio de impacto. En la actualidad al menos diez países latinoamericanos tienen servicio militar obligatorio con distintos niveles de penalización por falta de cumplimiento. El caso de Bermúdez muestra que la conscripción militar puede volverse un inusual pero eficaz aliado para resaltar la manera en la que el estado impone a sus ciudadanos una identidad de género que no siempre coincide con su propia identidad, y catalizar reformas legales que avancen los derechos de las personas de orientaciones e identidades de género diversas en la región.
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