Controversia en Colombia por contratos para uniones gays

Para algunos sectores la iniciativa es un invento de los notarios que no tiene peso de ley

BOGOTA, Colombia — Las parejas gay en Colombia disponen desde hoy de dos formas legales de unirse aunque ninguna se equipara con los derechos que otorga el matrimonio, como la posibilidad de adoptar, que es lo que reclaman desde hace años a las autoridades.

En un juzgado civil en el centro de Bogotá, tres parejas de mujeres y una de hombres acudieron temprano para solicitar unirse en matrimonio. Vestidas con camisetas color naranja, morado y blanco y llevando en las manos lirios y rosas, las tres parejas de mujeres rechazaron el nuevo "contrato solemne" vigente desde la jornada.

 "Queremos un reconocimiento total frente a la sociedad y que somos familia y pareja... realmente el matrimonio civil es un reconocimiento social y de la existencia de lo que nosotros somos" como pareja, dijo Sandra Marcela Rojas, de 42 años, quien en los últimos ocho años ha convivido con Adriana Gonzalez, de 43 años.

El nuevo contrato fue creado por notarios tras una decisión de la Corte Constitucional, la máxima instancia para dirimir asuntos de la carta magna, que usó el término de "solemne" en un fallo de julio de 2011. En ese caso la corte, ante una demanda de la comunidad gay, dejó en manos del Congreso la decisión final de legislar sobre los matrimonios de parejas del mismo sexo antes de junio de 2013. Pero los parlamentarios rechazaron en abril un proyecto de ley que contemplaba reformas al Código Civil para que se incluyera el concepto de "unión de parejas del mismo sexo".

Este nuevo contrato "es un invento de los notarios... ninguna ley lo respalda, no se sabe quién lo disuelve y a qué se tiene derecho", explicó en diálogo telefónico con The Associated Press la abogada Marcela Sánchez, directiva de la organización no gubernamental Colombia Diversa que trabaja por los derechos de la comunidad gay.

Ya antes de la decisión de la corte y el fracaso legislativo las parejas gay en Colombia podían registrar ante un notario las llamadas uniones de hecho o uniones civiles sin que ello constituyera un matrimonio ni les permitiera disfrutar de todos los derechos. Por ello para Sánchez el nuevo contrato es un retroceso frente a la unión civil. "Yo no sé quién lo va a usar, primero porque le tengo miedo a los riesgos (legales) y segundo por dignidad; nosotros no estamos luchando por un 'contratico' sino por el derecho pleno al matrimonio", aseguró la activista.

Anticipan demandas
Alvaro Miguel Rojas, presidente de la Unión Colegiada del Notario Colombiano -que reúne a los 759 notarios del país- sostuvo que ellos sólo están acatando las disposiciones de la Corte. "Los notarios estamos dispuestos... a autorizar las escrituras públicas mediantes las cuales las parejas homosexuales constituyen el vínculo contractual solemne que hace referencia esa sentencia", dijo Rojas en diálogo telefónico con la AP.

Como la Corte "no definió nada en la parte resolutiva, no estableció la figura de un nuevo matrimonio o una nueva institución matrimonial, pues el notario no puede, a nivel interpretativo, desbordar la orden judicial" y disponer un matrimonio, añadió Rojas.

Lo que podría suceder, indicó Rojas, es que cuando las parejas del mismo sexo concurran a notarías, pidan unirse en matrimonio y el notario les diga que no se puede porque no existe en el régimen legal, esas parejas interpongan entonces demandas ante la corte Constitucional, que nuevamente tendrá que enfrentar el asunto del matrimonio.

"Nosotras no nos vamos a casar con un contrato. Si no es matrimonio civil, no", dijo Rojas, que tiene un hijo de 25 años que la apoya en su reclamo.

Junto a las tres parejas de mujeres estaba una de hombres que también querían casarse y sostenían una pancarta de cuatro metros de ancho por un metro y medio de alto que decía: "Sí acepto matrimonio igualitario" escrito en grandes letras moradas y negras.

"Rechazamos cualquier figura distinta al matrimonio porque es discriminatoria y no aceptamos la unión contractual solemne que se ha inventado un gremio de notarios... (que) no tienen ningún fundamento legal", dijo en el juzgado la concejal de Bogotá Angélica Lozano, que defiende derechos de la comunidad gay. "Le sugerimos a las familias homosexuales en todo el país no caer en la trampa... no firmen a ciegas un papel que se inventaron unos notarios", añadió.
Iglesias rechazan medida
La Iglesia católica colombiana también ha criticado el nuevo contrato porque considera que abre la puerta para que parejas del mismo sexo sean consideradas una familia.

"No existe otra familia que la constituida en su origen por la unión de un hombre y de la mujer... ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio y la familia existen, únicamente, entre dos personas del sexo opuesto", dijo la Conferencia Episcopal de Colombia en un comunicado reciente.

La Iglesia llamó a notarios y jueces, católicos o no, a oponerse a los nuevos contratos e invitó "a la abstención frente a cualquier tipo de cooperación formal o material".

Hasta tanto se presente un nuevo proyecto ante el Congreso o la Corte decida, dijo Sánchez de Colombia Diversa, las parejas del mismo sexo seguirán acudiendo a las uniones de hecho y seguirán demandando el matrimonio pleno y la adopción.

Desde 2007 las parejas del mismo sexo, por decisión de la misma Corte Constitucional, pueden heredar y afiliarse al sistema de salud y de pensiones.

Aunque no hay cifras oficiales, Colombia Diversa calcula que al menos entre 8% y 10% de la población del país de unos 46 millones de personas es gay y al menos 300,000 colombianos forman parejas del mismo sexo.

Tomado de AP - La Opinión
FOTOS twitter @angelicalozanoc



Tratamiento igualitario
Editorial LA OPINIÓN - 21 DE JUNIO DE 2013

Son cuatro millones de personas, es decir, 3,5 veces más que los indios, 40 veces más que los sanandresanos, casi tanto como los negros, y muchísimas veces más que los militares y policías retirados. Y, sin embargo, no cuentan para nada.

Nos referimos a los colombianos con preferencias sexuales distintas de las que caracterizan a los heterosexuales. Son personas categorizadas políticamente como lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (lgbti).

Son cuatro millones de colombianos a quienes se les discrimina desde la cúspide del poder, y a quienes se les niegan derechos elementales, mientras a los indios, negros, sanandresanos y militares y policías retirados se les reconocen legislaciones especiales y preferenciales, incluso con derechos muy particulares, por razones que no vienen al caso, pero a las que el estado les ha dado validez.

A los indios, un poco más de un millón de personas, por ejemplo, se les otorga el derecho de jurisdicciones particulares y excluyentes dentro de las cuales rigen sus leyes ancestrales y deciden sus propias autoridades.

En ese sentido, desde acá reconocemos esos beneficios jurídicos, que son justos, pero abogamos para que cuando se trate de comunidades como la lgbti, se les dé un tratamiento igualitario, se utilicen iguales raceros e iguales leyes.

A partir de ayer, estas personas lgbti podrán presentarse ante los jueces y los notarios a pedirles que les otorguen reconocimiento legal a sus uniones como parejas, mediante la figura del matrimonio civil, que en realidad es el resultado de malabares jurídicos y semánticos que le han esquilmado el valor a la verdad.

Y todo, por el enorme peso que aún tienen iglesias como la Católica y el enorme poder intimidatorio de altos funcionarios como el procurador Alejandro Ordóñez, cuyas opiniones, que no obligan, son ahora consideradas con la misma fuerza de una ley imperativa, en razón al infundado temor infundido en tiempos recientes desde los despachos y pasillos de la Procuraduría General de la Nación.

Es tanto el poder intimidatorio, que congresistas, procuradores y todos los funcionarios del estado han ignorado a rajatabla el contenido de una sentencia de 2011 de la Corte Constitucional, la C-577, en la que el organismo determinó que las parejas del mismo sexo son familia y que hay un déficit notorio de protección por parte del estado para las uniones entre homosexuales (extensivo a los lgbti).

Por alguna razón, a muchos colombianos les parece que el discurso del cardenal Rubén Salazar, para quien los gays no tienen derecho ni a familia ni a matrimonio, y el concepto de Ordóñez en el mismo sentido (más su amenaza de ordenar la destitución de notarios que lo contradigan) son más importantes que las decisiones de cosa juzgada del máximo organismo de justicia de Colombia. También ellos están en su derecho a considerar como antinatural dichas uniones.


Valga la oportunidad para reclamar del Congreso mayor seriedad y más compromiso con los ciudadanos. La Corte Constitucional le ordenó legislar en torno del tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, y le determinó un plazo de dos años, pero la corporación legislativa prefirió ignorar el mandato y dar pie a un debate innecesario, inoportuno y generador de radicalismos absurdos.